“Creo que hay que ponerle a la ley dientes y los mecanismos para que el gobierno y los estados asuman esta obligación en materia de inspección, que estén obligados a crear las políticas públicas necesarias para que cuente con los recursos, para que estos inspectores no sean como en el pasado, verdaderos extorsionadores, sino profesionales que están verdaderamente verificando las condiciones de trabajo en una empresa.”
20 febrero 2020
Por Gabino Jiménez
Se necesita la modificación legislativa y reglas claras para la inspección del trabajo, y se requiere también establecer mecanismos de políticas públicas que comprometan desde la legislación al presupuesto para que en materia de inspección existan inspectores suficientes, bien pagados, bien capacitados y especializados en el tema, porque si no esto no va a funcionar, sentenció la Magistrada María del Rosario Jiménez Moles, durante su participación en el parlamento abierto sobre subcontratación, el pasado 12 de febrero en la Cámara de Senadores.
“Creo que hay que ponerle a la ley dientes y los mecanismos para que el gobierno y los estados asuman esta obligación en materia de inspección, que estén obligados a crear las políticas públicas necesarias para que cuente con los recursos, para que estos inspectores no sean como en el pasado, verdaderos extorsionadores, sino profesionales que están verdaderamente verificando las condiciones de trabajo en una empresa.”
Jiménez Moles afirmó que la inspección laboral no tendría el mayor éxito si dejamos a discrecionalidad del inspector a dónde ir y cómo ir, pero también de empoderar al trabajador para hacer la denuncia de cuando está ante una subcontratación ilegal, “puesto que es el que mejor sabe cuándo se le están violando sus derechos, que no se le permite formar parte del sindicato, la reforma laboral establece que puede estar en tantos sindicatos como quiera, hay multi afiliación, multi sindicación, y el hecho de que empiece estorbar y lo cambien de una empresa a otra le está rompiendo sus derechos laborales sin justificación alguna”.
Destacó también la importancia de intercambiar bases de datos entre las autoridades del trabajo, del Seguro Social, de Hacienda, la CONSAR e incluso de los propios patrones, que permitan determinar en donde existe o no una subcontratación que esté siendo lesiva en el PTU, el pago de impuestos, por ejemplo
