Estamos en medio de una crisis sanitaria-económica-social sin precedentes. Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajo, OIT, la describen como “la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial”. El COVID-19 ha alcanzado la Fase III en el país y conforme nos adentremos en ella las consecuencias humanas y económicas de la lucha por contenerla podrán derivar en una recesión de costos incuantificables. 

 Al C. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador 

A los C. Integrantes del Congreso de la Unión 

Un contexto de pandemia y drama humano 

Estamos en medio de una crisis sanitaria-económica-social sin precedentes. Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajo, OIT, la describen como “la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial”. El COVID-19 ha alcanzado la Fase III en el país y conforme nos adentremos en ella las consecuencias humanas y económicas de la lucha por contenerla podrán derivar en una recesión de costos incuantificables. 

De ahí que nos situamos en un momento crítico en la historia de México como del mundo. Habrá un antes y un después de la pandemia. Será un punto de inflexión donde estarán bajo escrutinio las relaciones entre los gobiernos y sus fronteras, los estados y sus regiones, las empresas, los sindicatos y sus trabajadores, tanto como las relaciones sociales que guían nuestros comportamientos cívicos, nociones de progreso e interacción con el medio ambiente. 

En tanto, la gravedad de la situación pone a prueba no sólo las capacidades de resiliencia que poseemos, sino nuestras competencias para priorizar el valor de la vida y los sentidos de justicia, solidaridad humana e identidad de nación que nos debemos como habitantes de un territorio común al que llamamos patria. 

Por eso, uno de los eventos más desafortunados al que podemos asistir es el de las acciones de personas e instituciones que usan el momento para apostar por el caos, la tragedia y el fracaso del gobierno, en un extremo. O para llevar agua a su molino, extraer ganancias pingues y poner a salvo sólo sus muy particulares empresas e intereses sin compadecerse de la suerte de los demás, en el otro extremo, reclaman recursos sin dar ni ofrecer nada a cambio. 

Muchas empresas, pudiendo tomar otro camino, están despidiendo indiscriminadamente, bajando salarios u obligando a los trabajadores a aceptar condiciones de trabajo leoninas. Algunos grupos políticos y autoridades locales alientan la tensión y la rebelión contra el Gobierno de la República. Hay grupos comerciales que están re-etiquetando, escondiendo y vendiendo más caro sus productos. Otras empresas han ignorado las medidas de contención, obligando a sus empleados a seguir trabajando, aún a costa de poner en riesgo sus vidas. Hay también medios y opinadores que cuestionan a las autoridades del Sector Salud y aún llaman a la desobediencia de los términos de la Emergencia Sanitaria decretada por el gobierno. 

Las acciones del gobierno han sido hasta ahora correctas pero insuficientes. Si actuamos reforzando las medidas del gobierno de la 4taT con un programa anti-cíclico y de desarrollo de cadenas productivas regionales en sectores estratégicos, y las complementamos creando un frente por la unidad y el relanzamiento del país, podremos revertir pronto las adversidades de la pandemia y ponernos en una nueva ruta de crecimiento.

Alcances e impactos 

Los alcances de la pandemia del COVID-19 no pueden ser menospreciados. La OCDE estima un freno de hasta 2% del PIB por cada mes que se extiendan las medidas de contención. Al finalizar 2020, la tasa de crecimiento económico global podrá haber descendido dos puntos, pero en naciones emergentes como México la caída podrá ser dos o tres veces esa cantidad. Ahora mismo cuatro de cada cinco empleos están experimentando estragos por cierres parciales o totales de sus empresas. 

Las personas que viven de la economía informal — sin redes estables de trabajo, protección social e ingreso —, están en un mayor riesgo. En la economía formal, las actividades de turismo, hospedaje, restaurantes, comercio y servicios minoristas, arte y manufacturas, se encuentran también en posiciones de mayor riesgo. Estas actividades que en términos de la economía mundo representan entre 30 y 40% de los empleos, en el caso de México ascienden a entre 50 y 60%. Por una parte, 57% de los trabajos en el país son informales. Entendamos su vulnerabilidad. Un trabajador típico tiene recursos para sobrevivir una a dos semanas sin ingreso, antes de empezar a dejar de pagar sus cuentas básicas o dejar de comer. Un trabajador informal típico no tiene fondo de resistencia alguno. El grueso de ellos vive al día. Forman parte de los 61 millones de mexicanos que, de acuerdo con CONEVAL, están por debajo de la línea de pobreza por ingresos. O de los 72 millones que no tienen acceso a la seguridad social. O de los 25.5 millones de mexicanos con carencias evidentes de acceso a la alimentación. 

De ahí que para ellos dejar de trabajar — como ahora están siendo obligados — es colocarse en la orilla del abismo. Son los que expresan cándidamente “… para nosotros enfermarnos es un lujo que no podemos pagar”. 

Por otra parte, las industrias que generan algunos de los empleos más dinámicos en las últimas décadas están amenazadas al depender de las cadenas de valor globales. Veremos abajo, empero, que este problema puede ser una oportunidad para el desarrollo de cadenas de producción locales. 

En términos de empresas, el país tiene alrededor de 6.3 millones de establecimientos (Censo Económico 2019), de los cuales 95% son micro-changarros que emplean que emplean hasta 10 trabajadores. 112 mil establecimientos más son de pequeños a medianos, con hasta 50 y 250 trabajadores. En suma, estas MIPYMES que constituyen el 99% de los establecimientos, generan el 52% del PIB y 70% de los empleos. Son éstas las empresas de la franja de mayor riesgo y es en una parte de ellas donde se perdieron los 347 mil empleos formales, eliminados entre el 13 de marzo y el 6 de abril. 

Las medidas del gobierno de AMLO 

Estas medidas se han dirigido a amortiguar en principio las consecuencias del COVID 19 sobre una parte de los sectores más vulnerables social y productivamente, actuando tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. Una serie de subsidios van a proveer recursos a los 22 millones que se encuentran en condición de pobreza extrema, con carencia de ingresos, insuficiencia alimentaria y/o desprotección social. 2.5 millones de créditos por 25 mil pesos se instrumentan como créditos a la 

palabra para apoyar a micro-empresas principalmente, quienes podrán tener hasta tres años para pagar con la sola condición de que no hayan despedido personal. Más recientemente el Presidente ha anunciado recursos adicionales para extender aquéllos beneficios hasta 25 millones de personas en posición de mayor vulnerabilidad y llevar los créditos a 3 millones de empresas. Ha establecido el compromiso de crear dos millones de nuevos empleos y la Secretaría de Hacienda ha colocado bonos en los mercados internacionales — complementando la inyección oportuna de recursos del Banco de México — para asegurar liquidez en el futuro inmediato. Aún debe garantizarse que estos recursos terminen en las MIPYMES y en los sectores socialmente vulnerables. 

Algunas voces criticas del gobierno que dicen que todo está mal, claman por subsidios y recursos para que las empresas en posición más privilegiada se beneficien de las transferencias de fondos públicos, como en ocasiones previas. Viven en el pasado y se aferran a no soltarlo. Sin llamarlo por su nombre esperan otro Fobaproa que venga a enriquecerlos con subsidios de por vida a costa de los sacrificios y privaciones de los que menos tienen. Recordemos que aquel apoyo — hoy IPAB — fue diseñado para ser pagado en 25 años. Sin embargo, 30 años después de su inicio y 5 después de ese plazo, su monto original (de 1 billón de pesos) se ha pagado más de una vez pero su deuda hoy asciende al doble de su monto original, aproximadamente. 

¿Cuántas generaciones y sacrificios más de mexicanos serán necesarios para liquidarlo? Si bien algunas estimaciones dicen que sus efectos se sentirán hasta el 2070, nadie lo sabe a ciencia cierta. 

El valor de las medidas de la 4aT está en negarse a aceptar esas condiciones del pasado. Radica también en su decisión de rechazar la captura de recursos públicos para engrosar las rentas de sectores privilegiados a los que les corresponde mostrar ahora sus compromisos reales con el país. 

Hacia un frente por la unidad y medidas para relanzar el crecimiento del país 

Este es un momento donde es necesaria la unidad del país. Para ello es indispensable que el Gobierno de la República y el Poder Legislativo convoquen a la concertación de un gran pacto nacional que nos permita acordar las medidas y acciones necesarias para superar la emergencia sanitaria, proteger a la población más vulnerable, reforzar la planta productiva con medidas anti-cíclicas y relanzar el crecimiento. Hablamos de un Pacto Nacional (Un solo México/México de Pie) con la amplia participación de los sectores económicos, sociales y políticos relevantes. Un pacto en el que todos quepan y en donde los partidos y las organizaciones políticas y sociales, de trabajadores, productivas, científicas y culturales encontremos formas de comunicación, coordinación y promoción para trabajar por dicha unidad nacional, sus medidas y sus acciones. 

El acuerdo base debe ser promover el respeto absoluto a las medidas de emergencia y contingencia sanitaria decretadas por el Gobierno de la República, así como a las autoridades e instituciones del Sector Salud. Ello debe incluir la búsqueda de recursos, acciones de solidaridad, programas de reconocimiento y estímulos al desempeño del personal del Sector Salud. Es una retribución obligada a la forma como hoy se juegan sus vidas, minuto a minuto, por salvar las nuestras.

Para fortalecer los programas de gobierno proponemos las siguientes medidas económico/sociales: 

1. Ingreso básico para todas las y los trabajadores que se encuentran en situación de pobreza extrema y/o realizan actividades en empleos informales ahora afectados por la pandemia siempre que no estén recibiendo alguno de los apoyos sociales ya programados. Consistirá en un salario mínimo por hasta seis meses. 

2. Seguro de desempleo para personas del sector formal que hayan perdido o pierdan su empleo en medio de la pandemia. Consistirá en un salario completo con un tope de hasta tres salarios mínimos por seis meses. 

3. Apoyos extraordinarios para empresas de menor tamaño que no despidan personal y respeten el salario de sus trabajadores. 

4. Suspensión del pago de los intereses del IPAB hasta por dos años, de común acuerdo con las instituciones financieras acreedoras de forma que la suspensión se convierta en una condonación efectiva de intereses y adopte la modalidad de una contribución solidaria con el país, los mexicanos y su gobierno en este momento de crisis humanitaria. Huelga decir que estos recursos se canalizarán a soportar las medidas previas. 

5. Programa de cadenas productivas regionales en sectores estratégicos caracterizados por su dinamismo, impacto multiplicador en los mercados de trabajo y capacidad de arrastre y escalamientos productivos en las economías locales. El objetivo será coordinar acciones con empresas o grupos de empresas líderes globales de las industrias en cuestión, a efecto de detonar la creación de nuevos empleos calificados en regiones seleccionadas, el desarrollo de proveedores domésticos, el aprendizaje y desarrollo tecnológico y la adopción de energías alternativas y el uso sustentable de los recursos. El programa enfatizará el trabajo con MIPYMES y comprenderá, entre otras, las industrias automotriz; de energías renovables; textil, del vestido, cuero y calzado; e industria agroalimentaria — que cumplen con las condiciones señaladas. La determinación regional seguirá las economías de aglomeración (clústers) que han seguido estas industrias en la geografía nacional y las vocaciones productivas de los estados. Por ejemplo, el programa automotriz se podría basar en la Región Bajío y Puebla. El energético en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Sonora y Baja California. El textil, del vestido, cuero y calzado en los corredores Tlaxcala-Puebla, Morelia, Estado de México y Guanajuato. El agroalimentario, en la Región Noroeste del país. 

El financiamiento de los programas será a partes iguales entre las empresas líderes participantes en los programas y entidades de gobierno federales y locales en alianza con la banca de desarrollo. Ésta deberá jugar un papel mucho más activo pues el financiamiento de los programas de desarrollo no puede recaer fundamentalmente en la banca privada. 

La factibilidad de esta propuesta descansa en que, en la medida en que todas estas industrias están siendo afectadas por la interrupción de las cadenas de suministro y mercados globales debido a la pandemia, las empresas líderes globales necesitarán trabajar más estrechamente con bases de proveedores y mercados locales. Estaremos aprovechando así las ventanas de oportunidad de la aceleración de procesos de reemplazo de proveedores que veremos en estos tiempos, y para los que México tiene una ventaja competitiva por su integración consolidada, logística e industrial, al mercado de Norteamérica. 

De esta manera, las empresas líderes globales que adopten estos programas harán patente su solidaridad con México y los mexicanos que los han albergado por décadas. 

He aquí las claves para controlar los daños de las adversidades de la pandemia y ponernos en una nueva ruta de crecimiento. 

Eladio Abundiz Guadian Coordinador del Frente Auténtico del Trabajo, Miembro del OCRL 

Amado Álvaro Alquicira López Académico, Miembro del OCRL 

Alma Ivet Álvarez Najera Comunidad Burocrática, A.C., Miembro del OCRL 

Dafnne Cheyene Anaya González Estudiante de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, Secretaria del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL) 

Francisco Avendaño Sol Académico FES Acatlán – UNAM 

Graciela Bensusán Areous Académica UAM, Miembro del OCRL 

José Alfonso Bouzas Ortiz Académico UNAM, Abogado postulante, Miembro del OCRL 

Jorge Bravo Torres Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) 

Gerardo Calderón Hernández Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de Metlife, SINTRAMETLIFE, Miembro del OCRL 

Oscar Calderón Morillon Académico de la Benemérita Universidad de Puebla, BUAP 

Rosalba Calva Flores Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del INCA-Rural, Miembro del OCRL 

Ulises Cano Castillo 

Evaristo Constantino Casanova Mendiola Académico Jubilado UACH 

Mariano Cordero Abogado postulante, Miembro del OCRL 

Alex Covarrubias Valdenebro Colegio de Sonora, Miembro del OCRL 

Manuel Escobar Aguilar Secretario General del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, Miembro del OCRL 

Saúl Escobar Toledo Académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Miembro del OCRL 

María Guadalupe Evaristo López Académica UNAM, Abogada postulante, Miembro del OCRL 

Quetziquel Flores Villicaña Académica UAM-A 

Pablo Franco Hernández Miembro del OCRL 

Jaime Gallegos García Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM (Jubilado) 

Andrea García García Colectiva Colmenas, Miembro del OCRL 

Enrique de la Garza Toledo Académico de la UAM-I 

Fernando González Miembro del OCRL 

Inés González Nicolás Coordinadora Colegiada de Red de Mujeres Sindicalistas y Miembro del OCRL 

Aleida Hernández Cervantes Académica de la UNAM, Miembro del OCRL 

Gabino Jiménez Velasco Coordinador de comunicación de Más Reformas Mejor Trabajo, Miembro del OCRL 

Natalia Juárez Miranda Secretaria de Asuntos Académicos y Culturales del STAUdeG 

Enrique Larios Díaz Académico Facultad de Derecho UNAM 

Eilene Levine L. Academica UNAM (Jubilada) 

Gabriela León Fuentes Secretaria del Exterior y Promoción de la Cultura de la Asociación Representativa de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (Artes 22 INBA) 

Ramon Antonio López R. 

Benedicto Martínez Sindicalista del Frente Auténtico del Trabajo, Miembro del OCRL 

Jordy Micheli Académico de la UAM-A 

Juan Alfonso Morales Carrillo Sindicato Independiente de Repartidores de Aplicaciones, SIRAAPSS 

Eugenio Narcía Tovar Abogado postulante, Miembro del OCRL 

Sergio Pallares y Lara Experto Laboralista 

Alberto Ramírez García Abogado Postulante, Miembro del OCRL 

Germán Reyes Gaytán Académico UPR, Abogado postulante, Miembro del OCRL 

Oscar Rubio Abogado postulante, Miembro del OCRL 

Moisés Sánchez Pérez 

Segio Segovia Govea Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno 

Jesús Torres Nuño Presidente de la Cooperativa TRADOC 

Mario Vega Huerta Miembro del OCRL 

Alejandro Villamar Calderón Integrante de la Red Mexicana de Acción Ciudadana Frente al Libre Comercio 

Guadalupe Zamora Académica UNAM, Miembro del OCRL

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