Propuesta del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL) para enfrentar los daños de la pandemia y ponernos en una nueva ruta de crecimiento
Para fortalecer los programas de gobierno proponemos las siguientes medidas económico/sociales:
1. Ingreso básico para todas las y los trabajadores que se encuentran en situación de pobreza extrema y/o realizan actividades en empleos informales ahora afectados por la pandemia siempre que no estén recibiendo alguno de los apoyos sociales ya programados. Consistirá en un salario mínimo por hasta seis meses.
2. Seguro de desempleo para personas del sector formal que hayan perdido o pierdan su empleo en medio de la pandemia. Consistirá en un salario completo con un tope de hasta tres salarios mínimos por seis meses.
3. Apoyos extraordinarios para empresas de menor tamaño que no despidan personal y respeten el salario de sus trabajadores.
4. Suspensión del pago de los intereses del IPAB hasta por dos años, de común acuerdo con las instituciones financieras acreedoras de forma que la suspensión se convierta en una condonación efectiva de intereses y adopte la modalidad de una contribución solidaria con el país, los mexicanos y su gobierno en este momento de crisis humanitaria. Huelga decir que estos recursos se canalizarán a soportar las medidas previas.
5. Programa de cadenas productivas regionales en sectores estratégicos caracterizados por su dinamismo, impacto multiplicador en los mercados de trabajo y capacidad de arrastre y escalamientos productivos en las economías locales. El objetivo será coordinar acciones con empresas o grupos de empresas líderes globales de las industrias en cuestión, a efecto de detonar la creación de nuevos empleos calificados en regiones seleccionadas, el desarrollo de proveedores domésticos, el aprendizaje y desarrollo tecnológico y la adopción de energías alternativas y el uso sustentable de los recursos. El programa enfatizará el trabajo con MIPYMES y comprenderá, entre otras, las industrias automotriz; de energías renovables; textil, del vestido, cuero y calzado; e industria agroalimentaria — que cumplen con las condiciones señaladas. La determinación regional seguirá las economías de aglomeración (clústers) que han seguido estas industrias en la geografía nacional y las vocaciones productivas de los estados. Por ejemplo, el programa automotriz se podría basar en la Región Bajío y Puebla. El energético en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Sonora y Baja California. El textil, del vestido, cuero y calzado en los corredores Tlaxcala-Puebla, Morelia, Estado de México y Guanajuato. El agroalimentario, en la Región Noroeste del país.
El financiamiento de los programas será a partes iguales entre las empresas líderes participantes en los programas y entidades de gobierno federales y locales en alianza con la banca de desarrollo. Ésta deberá jugar un papel mucho más activo pues el financiamiento de los programas de desarrollo no puede recaer fundamentalmente en la banca privada.
La factibilidad de esta propuesta descansa en que, en la medida en que todas estas industrias están siendo afectadas por la interrupción de las cadenas de suministro y mercados globales debido a la pandemia, las empresas líderes globales necesitarán trabajar más estrechamente con bases de proveedores y mercados locales. Estaremos aprovechando así las ventanas de oportunidad de la aceleración de procesos de reemplazo de proveedores que veremos en estos tiempos, y para los que México tiene una ventaja competitiva por su integración consolidada, logística e industrial, al mercado de Norteamérica.
De esta manera, las empresas líderes globales que adopten estos programas harán patente su solidaridad con México y los mexicanos que los han albergado por décadas.
He aquí las claves para controlar los daños de las adversidades de la pandemia y ponernos en una nueva ruta de crecimiento.
