El desafío es recuperar la soberanía sindical para que no sea el gobierno ni los monopolios extranjeros los que dicten la política laboral en México, planteó el abogado laborista Manuel Fuentes Muñíz.
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Silvia Arzate y Gabino Jiménez /MRMT
Al participar en la conferencia virtual “Claroscuros del Segundo Informe del Gobierno Federal en materia laboral”, el también profesor de Derecho Laboral, Seguridad Social y Amparo Laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana UNAM, enfatizó que no se debe copiar los esquemas de anteriores regímenes, donde la riqueza que se genera en el país no se ha distribuido entre los trabajadores, porque hoy no hay negociación colectiva a favor de los trabajadores y prevalecen los CCT de protección patronal, es decir a favor de los intereses de los patrones.
Por ello, grandes empresas logran altas ganancias y fomentan la precariedad laboral. Por ejemplo, 50 por ciento de la utilidad neta de BBVA la obtiene de México pues su costo de intermediación financiera es elevado.
El también asesor jurídico de organizaciones sindicales y de derechos humanos, destacó que se busca supeditar la política laboral a las políticas asistenciales y a la política de Relaciones Exteriores con el tema del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ).
Para el T-MEC el tema laboral significa dumping o competencia desleal por la práctica de vender un producto a precios inferiores o al costo, con el fin de eliminar a la competencia y adueñarse del mercado. Es decir, llegan empresas trasnacionales a México que quitan el trabajo a trabajadores en sus países de origen, puntualizó.
El especialista , dijo que la política laboral debe ser dictada desde el Estado (gobierno y sociedad) para proteger los derechos de los trabajadores.
El autor de los libros “La imposición laboral que nos viene del Norte”, “El Sindicalismo en México”, “El Artículo 123 Constitucional” y “La Reforma Laboral a Debate”, hizo hincapié en la importancia de que los sindicatos no sólo defiendan los Contratos Colectivos de Trabajo, sino que también deben tener una participación social. De ahí la importancia de preparar cuadros sindicales, con visión política, económica y social nacional e internacional para que realmente aplique la libertad y democracia sindical, agregó.
Actualmente, la mayoría de los dirigentes sindicales y agremiados sólo conocen la Ley Federal del Trabajo (LFT), por ello la urgencia de que haya capacitación y formación sindical, mediante la creación de la Escuela de Formación Política Sindical y de un Instituto para la formación de nuevos dirigentes sociales.
Justicia Laboral
El abogado laborista Manuel Fuentes, resaltó que se pretende la eliminación del Programa de Política Laboral en cada una de las Delegaciones del Trabajo de los estados de la República, para sustituirlo por un Programa de Trabajo Decente, de operación limitada por la drástica reducción de personal.
En cuanto a las quejas laborales registradas, el especialista señaló que hasta junio del 2020, existen 11 mil quejas laborales, y se han realizaron convenios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que han representado una afectación a los empleos y una disminución de entre el 50 y 70 por ciento de los salarios.
Reducción Presupuestal a la STPS
La Secretaria de Hacienda planteó una reducción presupuestal a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para 2021, del 20.3 por ciento pues pasará de 29 mil millones 850 mil pesos en 2020 a 23 mil millones 799 mil pesos.
Esa medida, limitará la impartición de la justicia laboral y con ello se limitarán los derechos laborales y aumentará la desprotección de los trabajadores, consideró Muñíz Fuentes.
Así, la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene un recorte de 167 millones de pesos en su presupuesto de 743 millones de pesos, para quedar en 576 millones de pesos, especificó.
Actualmente la JCyA, indicó, está llena de expedientes por el despido de personal y su cierre ocasionará que se de respuesta a las demandas de los trabajadores dentro de unos 4 o 5 años. “La justicia laboral no pasa por buenos tiempos”.
Urge mayor número de inspectores de Trabajo
En el tema de la inspección laboral, Fuentes Muñiz mencionó que se requiere al menos elevar 10 veces más el número de los inspectores de trabajo para la eficacia de la política laboral del país.
México tiene 0.2 inspectores por cada 10 mil trabajadores, colocándolo a la zaga entre 71 países que aportan datos al sistema de la OIT. El país se sitúa debajo de los estándares mundiales y con recursos humanos limitados para aplicar las normas laborales, lo que coloca al país en desventaja frente al reto de formalizar a más trabajadores y empresas mediante vías administrativas.
Es así que el número de inspectores federales del trabajo en México es inferior al nivel recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), máxima agencia de las Naciones Unidas para esta materia.
En todo el país hay 376 inspectores que deben atender miles de centros de trabajo de los sectores agrario, industria, construcción y servicios
La CDMX cuenta con 470,367 unidades económica y una reducida plantilla de apenas 37 inspectores
Históricamente la inspección laboral en México ha sido improvisada, casuística, ocasional, incidental y no obedece a un programa definido, lo que se traduce en empleos de baja calidad, incluso por debajo de los que marca la Ley Federal del Trabajo y la OIT
También en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) hay poco personal, hay defensores que tienen a su cargo hasta 400 expedientes lo que reduce el margen de maniobra para defender a los trabajadores.
Desaparece el Programa de Apoyo al Empleo
La política de austeridad es mala noticia para los trabajadores debido a que desaparecen o se ven reducidas instituciones que defendían sus derechos, puntualizó Fuentes Muñíz.
Austeridad
El gobierno federal adopta la política de eliminar aguinaldos a funcionarios y servidores públicos, lo cual es un mal precedente, ya que otras empresas pueden hacer lo mismo, lo que atenta contra las conquistas laborales.
La nueva visión administrativa en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea redefinición en el tabulador de ingresos, recorte general en los salarios, reducción de cerca del 28. 5 por ciento en los puestos relativos a choferes, secretarios y asesores.
Pero, bajar sueldos, fijar tope salarial y renunciar al aguinaldo es anticonstitucional, hizo notar el abogado laborista Manuel Fuentes.
En cambio, en el presupuesto se observa como el caso del tren Maya hay un incremento de mil 296 por ciento, en el Aeropuerto de Santa Lucía un aumento de 296 millones, lo que llama la atención es que hay otros proyectos como el de Dos Bocas con una repercusión de 125 mil 700 millones de pesos.
Reforma Laboral
Mil 754 sindicatos, es decir, 86.3 por ciento, llevaron a cabo una adecuación de sus estatutos, sin consultar a los trabajadores en asamblea, sino que se prepararon formatos donde los secretarios generales firmaban y asumían una adecuación de “machote” preparada por la propia autoridad.
Lo que significa que los trabajadores desconocen los alcances de aspectos como la elección de los dirigentes, revisión de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), que es donde debe de haber una participación directa de aquéllos.
De acuerdo al reporte de la autoridad laboral, hay 22 mil 659 CCT pero sólo se han legitimado 0.74 por ciento, es decir, los trabajadores deciden si los avalan o no a través del voto secreto, por lo que afirmó que hay preocupación de la STPS de que pocos sindicatos (340) hayan efectuado esa ratificación.
Es de subrayar que en México, más del 90 por ciento de los sindicatos tienen CCT de protección, esto es, que son manejados por los propios empresarios.
Incluso la propia Ley Federal del Trabajo permite que si no se llega a legitimar un CCT, este desaparece, cuando debiera darse otro CCT, sin embargo una serie de obstáculos lo impiden: el sindicato tiene que recabar 30 por ciento de las firmas de los trabajadores, ir al Centro Federal de Conciliación para que se otorgue una constancia de representatividad, continuar con la siguiente fase de negociación y si el patrón da largas, se puede prolongar muchos meses para tener un CCT.
Subcontratación u outsourcing
Cerca del 90 por ciento de las empresas del país son pequeñas y medianas de entre 10 y 50 trabajadores y la mayoría está bajo subcontratación, que se ha incrementado en los últimos años hasta un 800 por ciento y son ocho millones de mexicanos los que están contratados en esta modalidad.
De los 20 millones de mexicanos adscritos al IMSS, el 50 por ciento están sujetos a la subcontratación y por tanto, no pueden ejercer su libertad sindical ni su contratación colectiva.
La reforma laboral, afectó a organizaciones sindicales al permitir que trabajadores en lo individual puedan hacer un descuento sindical (el empleador descuenta de las remuneraciones que paga al trabajador el valor de la cuota sindical ) a través de una petición directa al patrón, sin tomar en cuenta al sindicato.
En 10 años la subcontratación ha crecido exponencialmente y ha repercutido en bajos salarios; anula toda posibilidad de contratación y negociación colectiva y de estabilidad en el empleo.
México entre los salarios más bajos del mundo
En la escala mundial, México registra los salarios más bajos; 60 por ciento de los trabajadores formales ganan en promedio dos salarios mínimos, es decir, 247 pesos diarios, son poco competitivos, 7 mil 410 pesos mensuales.
Los grupos de poder político y económico determinan los salarios. “90 por ciento de los sindicatos los tienen en sus manos los patrones, el abogado de la empresa obtienen el registro sindical y lo usufructúa”, expuso.
Impulsar la igualdad salarial
El 44 por ciento de mujeres en el sector productivo presentan desigualdad salarial, donde el 80 por ciento es madre soltera con doble jornada de trabajo.
La reforma laboral podría impulsar la equidad salarial entre hombres y mujeres porque el salario va ligado a la democracia sindical.
Se requiere reconstrucción del diálogo obrero-patronal y que los empresarios estén convencidos de que es mejor trabajar en un modelo de democracia en una relación de ganar-ganar.
Huelgas
La Cámara de Diputados recibió un reporte de la JCyA de la existencia de 17 huelgas federales en las que participan 3 mil 766 trabajadores, de las cuales cinco estallaron en 2019.
“Llama la atención la negativa al derecho de huelga de Notimex, en la cual no ha habido respeto para los huelguistas y donde está de por medio una dependencia del Estado”, indicó el abogado laborista Manuel Fuentes.
Esto, agregó, es un mal ejemplo para que otras empresas no respeten ese derecho, debido a que las autoridades laborales no aplican una política de respeto a los derechos fundamentales e los trabajadores y los deja en la indefensión.
Pensiones
Se necesita que los legisladores logren que se unifiquen las cuentas de los trabajadores que cotizaron determinado tiempo en el ISSSTE y determinado tiempo en el IMSS. Actualmente sólo se puede lograr mediante convenios.
Afores
Los magros ahorros de los trabajadores sujetos a inversiones especulativas ponen en riesgo esos recursos
Finalmente, Manuel Fuentes, estimó que la crisis económica y el desempleo por la pandemia se recuperarán dentro de cinco años.
Cárteles Sindicales
María Xelhuantzi López, profesora FCPyS-UNAM, consideró que se debe desalentar a cárteles sindicales como el de Hugo Bello Valenzo, que ha cometido actos de corrupción, extorsión, secuestro, asesinatos, narcotráfico y lavado de dinero.
La doctora en Ciencia Política con certificación en mediación y arbitraje laboral por el servicio de mediación y conciliación de Estados Unidos, opinó que Pedro Haces Barba, dirigente sindical tiene grandes concesiones como El Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y el Corredor Interoceánico.
Xelhuantzi López, con líneas de investigación: Sistema Laboral en México, Sindicalismo en México, dijo que con bajos salarios el mercado interno se debilita, porque no tienen poder de compra los trabajadores.
El modelo laboral es un pacto que ha unificado a grupos de élite, que se han puesto de acuerdo durante décadas para que no cambie.
María Xelhuantzi López es autora del libro de reciente publicación, 101 años de control sindical en México.
