La iniciativa de reforma en materia de pensiones presentada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el 25 de septiembre debe eliminarse para crear un Sistema Público de Pensiones para garantizar a todos los trabajadores una pensión digna.
Por Silvia Arzate y Gabino Jiménez /MRMT
En ello coincidieron, integrantes del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL), integrado por abogados laboristas, académicos universitarios y sindicalistas.
Berenice Ramírez López, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, resaltó que con esa iniciativa no se alcanza la justicia social.
El magistrado Héctor Arturo Mercado López, dijo que se esperaría que no se vote la iniciativa de ley de pensiones en cuestión y se aplace para que haya una reforma de gran calado y que garantice el derecho humano de una pensión digna y descartar una pensión precaria.
“El de las afores es un sistema rico que no paga pensiones, que pretende seguir sosteniendo este sistema de ahorro de los trabajadores para inversión de proyectos privados. Con 23 años de vida ha demostrado su rotundo fracaso y no cumplió su promesa”, dijo Odilia Ulloa.
Ese es otro de los grandes problemas que no resuelve esta iniciativa de ley, la baja cobertura con 64 millones de cuentas donde sólo 23 millones son activas, agregó.
Saúl Escobar Toledo, profesor investigador en Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). INAH destacó que debe fortalecerse el sistema de pensiones que asciende a cuatro billones de pesos, porque de ese ahorro de los trabajadores, la mitad son las ganancias de unas cuantas empresas (Afore) que lo administran, sin beneficiar a los trabajadores. “¿Qué negocio da el 50 por ciento de ganancias?”
Los ahorros de los trabajadores representan el 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y que se espera alcancen el 40 por ciento de la riqueza del país, puntualizó.
En su opinión, en un contexto de pandemia, donde se registran niveles históricos de pérdida de empleos, no es el momento adecuado para aprobar en el pleno del Congreso de la Unión esa iniciativa de ley, lo que debiera aprobarse es una que garantice un seguro de desempleo.
Lo que urge en estos momentos es reconstruir el mercado laboral para después discutir, con la participación de académicos y sociedad civil, un sistema pensionario que permita una mejor calidad de vida a todos los trabajadores y que éstos tengan mejores salarios, destacó.
“¿Por qué no retomamos el modelo de Brasil, donde no existe un sistema privado individual de pensiones y se aumentaron los años de jubilación de 50 a 65 años?, planteó, porque la carga fiscal será para el próximo gobierno.
Realmente se subsidian las ganancias de las Afores y no directamente a los trabajadores, hizo notar.
Se trata de un sistema de pensiones subsidiado, fragmentado, limitado, no es de fondo y no resuelve el problema de pensión para la vejez de esta generación y de las siguientes, alertó.
La actual propuesta de reforma propuesta por el Jefe del Ejecutivo, si bien generará un mayor número de pensionados, lo cierto es que algunas pensiones pueden ser de menos de un salario mínimo.
Advirtió también a que debe cambiar el artículo séptimo transitorio de la iniciativa, donde se dice que el sistema se pensiones se revisará dentro de 10 años cuando debiera ser al menos dentro de dos años.
Tere Guerra, abogada laborista, dijo que desde hace 23 años los que han ganado son los empresarios de las afores con esos recursos públicos. “AMLO no debe favorecer a esos grandes capitales, porque no es un sistema de seguridad sino de ahorro y cuentas individuales que les ha significado un subsidio de las finanzas públicas”.
“No se puede permitir que se desmantele al IMSS con un sistema de pensiones privado inviable que desde hace 23 años presiona las finanzas públicas”, remarcó en su momento Odilia Ulloa, asesora parlamentaria.
En este punto de vista tuvo convergencia la diputada Anita Sánchez y Rodolfo Espinosa, asesor del diputado Marco Antonio Medina, al precisar que las beneficiarias son las afores cuando deben ser los trabajadores los beneficiarios del ahorro de toda una vida de trabajo.
Los especialistas advirtieron que es riesgoso la aprobación de la iniciativa al vapor y sin una discusión de fondo, cuyas propuestas provienen del Consejo Coordinador Empresarial y AMAFORE.
Esas agrupaciones empresariales sabían que 300 mil trabajadores no accederían a una pensión garantizada lo que representaría un grave problema social que habría que contener con la reforma de pensiones y evitar lo que sucedió en Chile: un gran movimiento social que cuestiona a muerte el sistema de cuentas individuales, externó Odilia Ulloa.
