Alfonso Bouzas Ortíz, investigador distinguido de la UNAM en materia laboral, urgió a que haya una reforma laboral que norme los delitos de acoso sexual y violencia laboral que ponga en el centro garantizar los derechos humanos de las personas con perspectiva de género, porque ese vacío legal es el que ha permitido esos abusos de los jefes de una empresa.
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Silvia Arzate y Gabino Jiménez /MRMT
De 785 mil 377 mujeres ocupadas, 283 mil 671 sufren algún tipo de violencia laboral: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del INEGI 2016.
Alrededor de 23 mil 542 personas abandonaron su lugar de trabajo debido a situaciones de acoso, con una tasa de 43.5 personas por cada 100 mil ocupadas, destaca la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el primer trimestre de 2019.
En el aspecto procedimental quedó un vacío en la reforma laboral del 2019, donde los derechos laborales tengan una perspectiva de género, coincidieron Bouzas y la Red de Mujeres Sindicalistas y las abogadas laborales como Andrea Medina Rosas, Aleida Hernández, Dafne Peña y Estefanía Vela.
Se requiere una reforma laboral porque deja fuera a las autoridades jurisdiccionales, es el caso de las juntas y tribunales que no cuentan con los elementos de ley para abordar estos delitos que atentan contra la integridad física y emocional de la víctima, subrayó Alfonso Bouzas.
Afirmó que la discriminación causa un daño moral, así que para los juzgadores no es tema laboral.
La abogada laborista Andrea Medina Rosas, opinó que la discriminación va más allá del daño moral y aclaró que la reforma laboral del 2012 se elaboró en el marco de la reforma de derechos humanos que se da en 2011 y se establece que es un deber de toda autoridad en el ámbito de su competencia, prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños de manera integral en el área de su competencia de las violaciones de derechos que les corresponda investigar.
Y con ello se transita del perjuicio moral a la reparación del daño integral como lo establece la Ley General de Víctimas, para garantizar los derechos de la víctima de satisfacción, de no repetición con un enfoque transformador y de disculpa pública, “porque en estos casos queda como conflictiva, provocadora o que se porta mal, la víctima”, explicó.
En las empresas o instituciones se debe realizar vigilancia, políticas y tener protocolos internos, que no se repitan los hechos, que el personal esté capacitado, agregó.
Rosario de la Red de Mujeres Sindicales, consideró que en el derecho laboral no se ha incluido la implementación de la justicia para atender el asunto de acoso y violencia laboral.
La parte laboral es la que más se ha quedado rezagada en la actualización de incorporar los nuevos conceptos y normatividad internacional.
Actualmente es muy difícil construir sobre la demanda laboral, el tipo de pruebas, que no son las tradicionales, para un despido injustificado.
Y no es solo daño moral la discriminación y acoso laboral y por eso se va al ámbito civil, como planteó el investigador Alfonso Bouzas.
Y muchas de estas mujeres violentadas en sus centros de trabajo al no ser la mayoría sindicalizadas, quedan totalmente desprotegidas, destacó Rosario Ortíz Magallón, miembro de la Red de Mujeres Sindicalistas.
En la reforma laboral del 2019 en una de sus disposiciones, señala que cuando el conciliador perciba problemas de revictimización de la trabajadora tomará las medidas para que no coincidan el abusador la víctima en la misma área laboral. “Esta es una medida subjetiva que no permite avances para la justicia laboral, porque queda a criterio del conciliador”.
Se requiere que los jueces tengan una formación en derechos humanos y perspectiva de género, resaltó Rosario, lo cual ayudaría en casos de discriminación cuando el asunto llegue a los tribunales.
En la construcción de la nueva ley laboral se requiere estar a tono con los derechos humanos, donde no haya una relación de poder y subordinación sino de igualdad y no discriminación para erradicar la violencia, enfatizó.
Consideró que la actual generación de sociólogas y abogadas laborales quiere dar ese giro en el mundo del trabajo y empujar para lograr las reformas laborales que se requieran.
Las mujeres son quienes más sufren de violencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del INEGI 2016, de 785 mil 377 mujeres ocupadas, 283 mil 671 sufren algún tipo de violencia laboral.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el primer trimestre de 2019, alrededor de 23 mil 542 personas abandonaron su lugar de trabajo debido a situaciones de acoso, con una tasa de 43.5 personas por cada 100 mil ocupadas.
Un caso de acoso sexual y violencia laboral
Entre 2013 y 2014, la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) dió acompañamiento a una trabajadora, víctima de acoso sexual y violencia laboral La RMS le dio apoyo con herramientas que esta organización ha ido construyendo con una metodología de atención y solidaridad.
Este es el caso tradicional de un jefe que ubica a una mujer que le atrae e investiga su vida personal y descubre que ella recién se estaba divorciando y se presenta como la persona que la apoya y que conoce la situación porque está en el mismo proceso y le “ofrece” apoyo emocional. Por su jerarquía la pretende manipular, aprovechando su condición emocional vulnerable. Al principio fue discreta la actitud de su jefe, pero después, fue evidente para sus compañeros de trabajo.
Se logró ubicar a un testigo de los tocamientos del jefe hacia su subalterna y otra compañera de trabajo que también se comprometía de testificar. La víctima fue al Ministerio Público, al área de delitos sexuales, a levantar el acta para buscar justicia, pero le dan un trato que la lleva que no corresponde con su denuncia. Después acudió al área de recursos humanos de su empleador, acusando a su jefe de hostigamiento sexual, lo que hace que toda la estructura de la empresa se entere y la empiece a violentar.
La Red de Mujeres Sindicalistas, la asesoró en la parte laboral con un abogado y emocional con ayuda de un psicólogo y decide ir a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).
