El capítulo laboral del TMEC se pronuncia por la no discriminación y la atención de los casos de violencia hacia las mujeres que tienen que ver con la igualdad de género en los centros de trabajo y otras cuestiones de género.
Por Brenda Virenka Amaya Arzate y Gabino Jiménez Velasco / MRMT
El capítulo laboral del TMEC se pronuncia por la no discriminación y la atención de los casos de violencia hacia las mujeres que tienen que ver con la igualdad de género en los centros de trabajo y otras cuestiones de género. Sin embargo, hacen falta mecanismos y políticas públicas que garanticen hacerlos efectivos.
Así lo destacó Aleida Hernández Cervantes, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Ciencias y Humanidades de la UNAM, autora del estudio “T-MEC, reforma laboral e igualdad de género. Apuesta por el adelanto de las trabajadoras”, durante un conversatorio.
La autora señaló que se necesita un cambio profundo en el orden social de género que está basado en la división sexual del trabajo: los hombres en la producción de bienes, las mujeres para y en la reproducción humana, así como la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados y del hogar, entre otros.
La no discriminación y la no violencia hacia las mujeres son derechos que están reconocidos en la Constitución y en la legislación nacional, así como en tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado, agregó Aleida Hernández.
El estudio “T-MEC, reforma laboral e igualdad de género. Apuesta por el adelanto de las trabajadoras” hace propuestas legislativas para profundizar lo avanzado en la reforma laboral de 2019 así como lo que obliga el T-MEC, que son objetivos que durante más de 20 años han impulado sectores progresistas y democráticos: sindicatos y academia comprometida y defensoras de derechos laborales, y otras organizaciones progresistas han trabajado, entre ellas la Red de Mujeres Sindicalistas
Así, en temas de derechos humanos laborales de las mujeres que tiene el T-MEC podría impulsarse como un punto de partida para coincidir con las propuestas que ya existen en este ámbito.
La diferencia entre el anterior acuerdo comercial, el TLCAN y el T-MEC, es que en éste se analizaron las condiciones generales de las mujeres y las asimetrías en el mundo del trabajo entre hombres y mujeres, por lo que se abre una gran oportunidad para establecer marcos específicos de acción por parte de los empleadores, sindicatos y de la propia autoridad laboral, señaló Aleida Hernández quien forma parte del Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional de la Declaratoria de Alerta contra las Mujeres de la Ciudad de México.
“Llama la atención que en el T-MEC se haya incorporado el capítulo laboral 23 mientras que en el Tratado de libre Comercio de América del Norte era un anexo, un acuerdo para el avance de los estándares laborales pero no estaba en el cuerpo normativo”, subrayó.
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Inés González, fundadora de la Red de Mujeres Sindicalistas y coordinadora del Diálogo Sindical y de Género de la fundación Friedrich Ebert México, dijo que el capítulo laboral del T-MEC recupera aspectos de la reforma laboral de 2019. Es un documento único que permite que las mujeres en sus trabajos vean que se aplique cuando la ley se incumple.
Por su parte Rosario Ortíz de la Red de Mujeres Sindicalistas dijo que la firma del T-MEC puso nuevamente en el debate los derechos de las trabajadoras.
Teresa Incháustegui Romero, presidenta de la Red Iberoamericana por la Igualdad de Género, dijo que México tiene dentro de la OCDE la más baja participación económica de la mujer y por debajo de la tasa de incorporación al trabajo asalariado de Latinoamérica en los últimos 90 años.
Quien además fuera diputada en la LXI legislatura en la Cámara de diputados, expuso que es una paradoja que las mujeres con estudios de maestría y doctorado reciban un salario 50 por ciento menor al de los hombres con igual nivel de estudios. Ellas tienen la misma brecha salarial que las mujeres y hombres que no tienen estudios, lo que representa una pérdida del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), remarcó.
La precarización del trabajo ha afectado a las mujeres y a los hombres y hay un 50 por ciento de mujeres que no trabajan de manera remunerada porque o no tiene habilidades o no tiene oportunidades o las oportunidades que tiene no son lo que ella espera. “Tenemos toda esta fuerza de trabajo parada”. Este es un tema de discriminación, indicó Teresa Incháustegui.
“Frente al tamaño de esta discriminación pareciera que los instrumentos que se ponen en juego a través del Capítulo 23 del T-MEC, se quedan cortos y a ello se agrega el tema de la judicialización. Estamos frente a un gran desafío , como mencionó Aleida”, argumentó.
Quedarnos frente a este ofrecimiento del T-MEC sin ir más allá con una demanda articulada y realista sobre el piso que estamos paradas. Los cambios a nivel microsocial, como hombres que comparten tareas con las mujeres y organización de tiempo por ejemplo se enfrentan con la rigidez de las estructuras macro.
“Las instituciones no están ajustándose a los cambios, esto es violencia económica, institucional, simbólica, estructural, que es la base de nuestra discriminación”, enfatizó.
Se requiere además pasar a las mujeres por el tamiz del cruce con el color, la raza, la clase social, eso todavía es peor para mujeres que tienen estas otras formas de discriminación, agregó.
En cuestión de cuidados de familiares en el hogar para la mujer hay mucho que hacer. También hay que plantear los derechos de las mujeres a la salud reproductiva, a la maternidad, no vayan necesariamente a cargo del empleador que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas y son los que menos posibilidades tienen para ofrecer esos servicios. Tenemos que plantear la necesidad de un Estado benefactor-maternalista, propuso Teresa Incháustegui.