por Erick López Serrano

20 febrero, 2022

El nuevo sistema de justicia laboral lleva operando casi 15 meses en 8 estados y menos de 6 meses en otros 13. En cada entidad federativa, los poderes judiciales locales son ahora los encargados de resolver los conflictos laborales de competencia local, mientras que el poder judicial federal lo es de los asuntos de competencia federal incluyendo la seguridad social.

El inicio de la tercera etapa se ha postergado medio año por falta de presupuesto. Pero los problemas presupuestales no paran ahí. Cada poder judicial estatal cuenta con condiciones económicas distintas y esto se refleja en los salarios de los nuevos juzgadores laborales. Así, mientras un juez federal laboral gana (ya después de impuestos) casi 138 mil pesos mensuales, el juez laboral estatal que menos gana es el de Veracruz con poco menos de 15 mil pesos. Desde luego, esto implica también que el resto del personal judicial gana progresivamente menos según va descendiendo la jerarquía. En la siguiente tabla se aprecian los salarios de los jueces laborales que se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia (con excepción de los estados de Colima y Zacatecas, de donde no pude encontrar datos):

Salarios de jueces laborales 2021

La anterior tabla nos muestra varias cosas interesantes:

– Un secretario federal gana más cualquier juez estatal, excepto el del Estado de México. Un juez federal gana casi 10 veces lo que gana el juez estatal que menos percibe.

Aquí es pertinente hacer una pregunta que tendría que hacerse más continuamente: ¿por qué la disparidad presupuestal entre el poder judicial federal y los estatales es tan abismal? Si la mayoría de las disputas se dan a nivel local, el modelo de justicia que tenemos (no solo en material laboral, pero también) enfoca los recursos al techo, dejando unos cimientos baratos y débiles. ¿Qué pasaría si la justicia local operara con mejores condiciones (y una rendición de cuentas de verdad)? Muy probablemente los juzgados y tribunales de amparo tendrían menos trabajo.

En el caso específico de la justicia laboral, los jueces federales y locales aplican la misma ley. Los jueces federales, es cierto, conocen de conflictos de seguridad social, pero los jueces estatales suelen enfrentar una mayor carga de juicios, además de que los jueces estatales conocen de los conflictos colectivos y a nivel federal todos los juicios colectivos están concentrados en la ciudad de México (es decir, los tribunales federales de los veintiún estados en donde opera el nuevo sistema no tramitan asuntos colectivos como si lo hacen los jueces locales). Veamos unos números que nos sirvan de comparación:

En agosto de 2021, los tribunales laborales del Estado de México (los que más juicios tramitan) contaban con 4577 juicios (un promedio de 572 por cada uno de los 8 meses contados entre noviembre de 2020 y agosto de 2021), por lo que de mantenerse un ritmo similar podría presumirse que a la fecha ya deben rondar los 8 mil juicios tramitados. Al 15 de febrero de 2022 (más de medio año después), los tribunales federales de Toluca y Naucalpan tenían 3,246 asuntos. Cierto, hay más tribunales estatales que federales en el Estado de México así como jueces (trece en el Estado de México, seis en los tribunales federales que operan en ese estado), pero esos volúmenes implican en ambos casos que pronto cada tribunal (estatal y federal) contará con casi unos dos mil asuntos en trámite en menos de dos años.

– Un juez del Estado de México gana 4 veces más que sus pares de Veracruz o Morelos, que son los que menos perciben.

Pero, ojo, las disparidades no existen solo entre los tribunales laborales federales y los locales. Solo teniendo en cuenta a éstos, hay diferencias también muy grandes entre los estados. Por supuesto, cada entidad federativa tiene dinámicas propias en sus poderes judiciales, por lo que la no uniformidad es hasta lógica. Pero mientras en el Estado de México (la segunda entidad federativa que más aporta al PIB nacional solo detrás de la ciudad de México) ha habido una inversión fuerte en el nuevo sistema de justicia laboral, en Veracruz su poder judicial se encontraba en bancarrota el año pasado (y eso que Veracruz es el cuarto estado productor de PIB en el país, lo que habla de un desaseo administrativo/organizacional local notable), con un déficit de hasta 500 millones de pesos, escenario en el cual se explica el bajísimo salario de un/a juez laboral.

– ¿Hay trabajadorxs de segunda para la justicia?

Las asimetrías entre las condiciones de los jueces laborales o los presupuestos de los tribunales en general no solo existen entre la federación y los estados sino también entre los estados entre sí, pero, ¿qué implica esto para las personas trabajadoras y para las empresas o patrones?

Implica que, si alguien trabaja en una empresa de competencia federal, al menos contará con una certeza mayor de que su juicio estará en manos de personal bien pagado que ha pasado varias evaluaciones para poder llegar adonde está y que cuenta con más herramientas para poder desempeñar su trabajo (por ejemplo, con un sistema electrónico generalmente funcional, vehículos y gasolina para que los actuarios puedan llevar a cabo su trabajo, etc.). Si, en cambio, alguien trabaja en una empresa de competencia estatal, enfrentará escenarios en donde en varias entidades federativas hay funcionarixs mal pagadxs en contextos de escasez presupuestal que hacen lo que pueden con lo que hay, en donde a diferencia de los puestos federales la disputa por alcanzar esos puestos es menos atractiva.

Esta situación nos lleva a otra pregunta: ¿por qué alguien que trabaja en una empresa de comida chatarra (de competencia federal) puede tener acceso a un servicio de justicia mejor que una maestra de preescolar, una trabajadora del hogar, alguien que trabaja en el campo o brinda servicios de salud particulares (todos de competencia estatal)? ¿Qué sentido tiene actualmente la división competencial laboral entre los niveles federal y estatal? Se podría hablar de empresas o industrias estratégicas para el Estado o nuestra economía, pero no hay nada más estratégico para una sociedad que todas esas labores de cuidado que puse como ejemplo y que son de competencia estatal.

– Las buenas condiciones no bastan.

Ya vimos algunas asimetrías existentes entre juzgadores laborales. Ahora, hay que recalcar otro punto: aunque se pague bien a los juzgadores, eso no basta para permitirles hacer bien su trabajo. Pensemos en los jueces federales de Naucalpan que ganan casi 140 mil pesos mensuales y que cuenta con secretarios que ganan alrededor de 70 mil pesos. Seguramente se han esforzado para estar ahí y tienen una capacidad acreditada para desempeñar sus funciones y lo que ganan les permiten cubrir todas las necesidades materiales de sus familias. Pero, ¿cómo va a cumplir adecuadamente ese juzgador con sus tareas si tienen ya 2229 juicios en 15 meses (148.6 mensuales en promedio). Aunque hay tres jueces en ese tribunal, ya el promedio de asuntos por cada uno (casi 50 al mes) complica en gran medida el desahogar las audiencias respetando los términos legales. En cambio, su par en la Ciudad de Campeche tiene apenas 423 juicios (28.2 en promedio al mes), lo que seguramente le permite darle a cada juicio la atención que merece.

A estas alturas, supongo que tras 15 meses de haber abierto, quienes trabajan en el tribunal federal de Naucalpan (pongo este ejemplo por ser uno en donde hay una estadística oficial actualizada) ya están quemadxs por el trabajo, que los términos para cumplir con sus obligaciones se retrasan y que la calidad de sus decisiones no puede ser tan alta con tanta carga de trabajo (que de suyo es un factor de riesgo psicosocial conforme a la NOM-035-STPS-2018). Un aspecto que diferencia a estos juzgadores de los de distrito es que las audiencias que se conducen frente a las partes son abundantes, y eso es bastante desgastante.

En poco tiempo, este último escenario puede ser el común para la mayoría de juzgadores laborales, aunque con la salvedad de que (i) las cargas de trabajo seguirán aumentando y (ii) las políticas de austeridad impulsadas por el gobierno federal no hacen albergar esperanzas de que la situación presupuestal para los poderes judiciales cambie. Así, el panorama no se ve muy alentador que digamos, con la agravante de que muchos juzgadores locales tienen que desempeñar sus actividades en un entorno económico mucho menos favorable que sus pares federales.

Comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *