julio 25, 2022 |
LA ESTRECHA CERCANÍA del líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez con Telmex, y los múltiples antecedentes que hay en la historia de ese operador de telecomunicaciones, hacen dudar sobre el trasfondo de la huelga que estalló la semana pasada.
Francisco Hernández Juárez. (Ilustración de Nelly Vega)
Si bien el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana la levantó horas después, se abrió un periodo de 20 días para que la empresa propiedad de Carlos Slim Helú y que dirige Héctor Slim Seade y las huestes de Hernández Juárez resuelvan sus diferencias.
Ejemplos hay muchos de cómo a lo largo de los años este sindicato ha sido utilizado como instrumento de presión de Slim en contra de los órganos reguladores, fundamentalmente activando emplazamientos a huelga que han coincidido con los momentos en que estaba por imponerse alguna medida regulatoria, cuando recién se había impuesto, o en algunas ocasiones especiales, para presionar a las autoridades para modificar alguna de esas medidas.
También para cuestionar y presionar a operadores propiedad de extranjeros, como los casos de AT&T, que preside Mónica Aspe y Telefónica-Movistar, al mando de Camilo Aya, ahora, pero en su momento contra competidoras como Avantel o Alestra.
Se sabe que en lo que va de la actual administración, de la mano de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se presionó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para modificar algunas fechas fatales vinculadas con el proceso conocido como separación funcional.
El órgano regulador había obligado a Telmex a separar claramente la operación y gestión administrativa de los servicios que presta directamente al público, de los servicios que presta a otros operadores de telecomunicaciones, conocidos como servicios mayoristas.
Tal presión rindió sus frutos cuando el IFT, al mando de Gabriel Contreras en aquel momento, modificó los plazos de acuerdo con lo que pedía Telmex.
No debe pasarse por alto que además de la cercana amistad que une a la ministra en retiro y su familia con la familia Slim, es ampliamente conocido que muchos asuntos vinculados con las empresas del Grupo Carso y Telmex han pasado por las notarías vinculadas con la hoy presidenta del Senado.
Incluso ha trascendido que en algunas de esas reuniones a las que la entonces titular de Gobernación, junto con la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, inexplicablemente citaban a comisionados del IFT, y a las que simultáneamente se convocaba a directivos de Telmex, representantes del STRM y hasta a servidores públicos de otras dependencias, se llegó a sugerir a estos, que una forma de ayudar a aliviar las presiones financieras de Telmex podía ser que se le permitiera prestar el servicio de video.
Así que para muchos está claro que el ingeniero Slim, aprovechando la contingencia política que atraviesa la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador por la solicitud de consultas de Estados Unidos por los posibles incumplimientos de nuestro país en materia energética, decidió utilizar de nueva cuenta al sindicato de telefonistas para que en medio de esta presiones, pueda extraer algún nuevo beneficio que no ha obtenido hasta ahora.
Tales beneficios pueden ir desde bajarle el tono a algunas obligaciones que se le han impuesto como agente preponderante de las telecomunicaciones, frenar algunas sanciones que se sabe están en proceso de análisis en el IFT, o bien, obtener la ansiada autorización para prestar video o televisión en nuestro país.
Ahora bien, la secretaria del Trabajo tuvo un papel clave en la solución temporal del diferendo anunciado el viernes, temporal porque en los siguientes 20 días se supone deberán llegar a un acuerdo sindicato y empresa.
Pero habrá que estar atentos ante la eventualidad de que, sin conocer a fondo los problemas regulatorios, no comprometan su papel para los fines estratégicos del hombre más rico de México.
Información publicada en: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2022/07/25/la-huelga-de-telmex/
