Por Sugeyry Romina Gándara

Primera entrega. Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia denunciaron problemas que afectan sus condiciones laborales, principalmente la precarización.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo). México es un país que se ha caracterizado por su riqueza y patrimonio cultural, tan diverso a lo largo y ancho de la República. Uno de los pilares fundamentales para la preservación y estudio de este patrimonio es la Antropología e Historia, una rama de la cual la principal institución encargada, por Ley, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sin embargo, la situación que enfrentan los profesionales investigadores e incluso estudiantes de esta institución es precaria y violenta, como han denunciado dentro de este organismo.

El reciente caso de la desaparición y muerte del arqueólogo Emmanuel Eleazar Reyes Estrada, el pasado 21 de julio, participante en el “Proyecto de Salvamento Arqueológico Energía Los Cabos, Baja California”, ha reavivado las denuncias y demandas que han afectado a este especializado sector durante años. El INAH, al comunicar que la causa probable de su fallecimiento fue un golpe de calor o insolación ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes resaltaron la condición en que laboraba el también investigador, contratado por terceros, lo que permitió deslindarse al INAH.

Académicos, antropólogos y profesores entrevistados por SinEmbargo denunciaron que el INAH ha incumplido sistemáticamente los derechos laborales de numerosos empleados encargados de tareas fundamentales para la institución, como la formación de profesionales, investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico del país.

SinEmbargo buscó desde el miércoles la postura de esta institución en relación a estas denuncias, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

La precarización laboral entre los trabajadores del INAH ha sido un problema arrastrado por años, y las autoridades, encabezadas por el Director General del INAH, Diego Prieto Hernández, han optado por evadir el problema, lo que ha ido agravado la situación, de acuerdo con estas acusaciones.

“Tiene décadas afectando al INAH, con un déficit en su planta laboral, y no se ha hecho nada para solucionarlo”, señaló Tlazoltéotl, una investigadora antropóloga que, por temor a represalias, prefirió usar un seudónimo. Ella ha trabajado durante más de 18 años bajo contratos eventuales.

Alberto Herrera Muñoz, secretario general del Sindicato Nacional de profesores de identificación científica y docencia, quien ha sido investigador de base por 33 años en el INAH, señaló que hay una actitud de violencia laboral de “alguna manera generalizada”.

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“Esto es un ambiente laboral agresivo contra el trabajador y lejos de que los derechos laborales crezcan, al contrario, cada vez los quieren disminuir más y más […] Es tanta la necesidad de los colegas y compañeros arqueólogos que han ingresado y están aceptando contratos leoninos en donde ni siquiera tienen derecho a recibir ni siquiera la Seguridad Social mínima que marca la ley. Entonces ahora les pagan por honorarios y ellos deben hacerse cargo supuestamente de pagar su seguro social”, señaló.

TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES

El profesor Alberto Herrera señaló que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia hay al menos 897 investigadores con plazas oficiales ante la Secretaría de Hacienda, de las cuales 833 son investigadores de base y se encuentran activos. De ese número, al menos 300 son arqueólogos, y el resto pertenece a otras áreas como antropólogos sociales, antropólogos físicos, etnólogos, historiadores, lingüistas, etcétera.

“Es una cifra que no ha cambiado en los últimos 15 años, a pesar de que las calidades y cantidades de trabajo de la institución se han multiplicado por 100”, detalló.

El profesor mencionó que actualmente hay más de 60 plazas por ocupar, lo cual ha sido demorado, impidiendo el recambio generacional. Esto también ha contribuido a la precarización del Instituto y del trabajo que realiza.

El investigador agregó que estas plazas no han sido aumentadas, a pesar de que el trabajo se ha incrementado; en cambio, se ha optado por contratar investigadores por otros medios, como honorarios, capítulo 3000 o a través de terceros.

“Estamos hablando de más de 300 arqueólogos (de base) y, al menos, un inventario oficial de zonas arqueológicas a nivel nacional de 50 mil. Entonces la pregunta es: ¿son suficientes arqueólogos para atender las necesidades del patrimonio cultural en ese país? No”, afirmó

OTRO TIPO DE CONTRATACIONES

En el ámbito de la arqueología se han presentado casos en los que se contrata a profesionales por terceros, como la Comisión Federal de Electricidad o dependencias privadas, para llevar a cabo obras en el país.

El doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, José Flores, profesor de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia por 11 años, explicó que este tipo de contratación viola la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas de 1972, que establece que solo el INAH puede contratar arqueólogos para ciertas actividades.

“Hay infinidad de formas de contratación para violentar la normatividad de la Ley Federal del Trabajo y las condiciones generales del trabajo. Una de ellas es esa contratación por terceros; por ejemplo, hay muchos trabajadores a quienes les paga la Comisión Federal de Electricidad o dependencias privadas que están llevando a cabo obras en el país y contratan arqueólogos”, detalló.

“La situación de esos contratos es anómala porque los están contratando como personal de servicio, como si fuera un oficio, cuando en realidad es una actividad profesional”.

Alberto Herrera señaló que esta dinámica “es una contratación que contraviene las condiciones generales de trabajo establecidas desde 1982”.

“Esa es parte de la anomalía que está utilizando el Instituto. El Instituto se desentiende de sus obligaciones y sus obligaciones institucionales con el profesional. Y eso es algo muy grave porque recientemente pasó en Baja California que uno de estos arqueólogos contratados falleció en campo. El trabajo de campo…”

La investigadora antropóloga Tlazoltéotl y Alberto Herrera coincidieron en que, además de los investigadores de base, se estima que hay más de 3 mil investigadores que han sido contratados vía terceros por outsourcing u honorarios.Alberto Herrera detalló que tan sólo en el proyecto del Tren Maya están subcontratados más de 300 arqueólogos porque los contrata “una compañía, un tercero, para un trabajo institucional”.

“Hacer este tipo de contrataciones también es ilegal por otro aspecto en el que la Ley establece que si se trabaja como arqueólogo, se debe estar habilitado por el Instituto Nacional de Antropología y tener permiso desde el mismo Instituto o una institución educativa de reconocido prestigio para ejercer la arqueología. ¿Qué prestigio académico pueden tener Fonatur o la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso del Tren Maya u otras compañías privadas?”, cuestionó el especialista.

Además de la Comisión Federal de Electricidad, otra dependencias que también ha contratado a investigadores para trabajos sustanciales de investigación de antropología e historia es la Comisión Nacional de Aguas.

“Esas no son instituciones académicas, son terceros que requieren servicios de arqueólogos. Ellos contratan, pero para que esos arqueólogos puedan hacer un diagnóstico, necesitan pedir los permisos correspondientes al INAH y eso no ha sucedido. Han estado evadiendo el ejercicio real de la Ley permitiendo la contratación de arqueólogos bajo el esquema de outsourcing ya que al final de cuentas están haciendo trabajo institucional pagado”, abundó Herrera.

La antropóloga Tlazoltéotl y el profesor José Flores explicaron que también existen las contrataciones por capítulo 1000 y capítulo 3000, incluso por Compranet, otras formas de empleo para negar prestaciones y reconocimiento.

“Resulta que tienes que registrarte en Compranet como un oferente de un servicio y además, tú como trabajador, tienes que pagar una fianza. O sea, de verdad se implementan cada vez más formas para violentar el reconocimiento de derechos laborales. Es un sinsentido decir que un arqueólogo que trabaja, que realiza actividades sustantivas para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en realidad es un proveedor de algún servicio o bien”, detalló José Flores.

“Para obtener contratos, los trabajadores pueden verse obligados a solicitar cotizaciones de sus compañeros que sean mucho más altas para presentar ofertas más bajas y ser seleccionados, lo que crea una competencia que puede afectar negativamente los salarios. Además también te piden pagar una póliza antes de ser contratados, lo que se considera un abuso y una violación de los derechos laborales”, coincidió Tlazoltéotl.

Asimismo, la arqueóloga mencionó que los tabuladores salariales no han sido actualizados desde el 2016, lo que implica que los trabajadores pueden estar recibiendo salarios por debajo de los estándares actuales.

La especialista indicó que el INAH incluso “les pone el pie” a los investigadores, aunque la dependencia no los contrate, pues a pesar de que sean contratados vía terceros, tienen que pagarles según el tabulador.

“Esa compañía que contrata en muchos de los casos también les da prestaciones, aunque sean temporales, pero les da prestaciones. Por ejemplo, los compañeros que están trabajando en el Tren Maya tienen, por así decirlo, una mejor calidad de contratación que los que estamos contratados por capítulo 3000. Es decir, hay diferencias sustanciales. El detalle es que, por ejemplo, esta compañía de Baja California Sur que contrató a Emmanuel, probablemente haya dicho ‘ah bueno, te voy a dar el sueldo que yo les doy a mis ingenieros para trabajar en campo’, pero si ese sueldo excede del tabulador caduco que maneja el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entonces el Consejo (del INAH) pide que se reduzca. ¡Así de canijos son!”, narró.

“(En el INAH) están tratando de desconocer el acuerdo número 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los derechos laborales son progresivos, siempre van a más, no son en menos. Y últimamente han escatimado, bajo argumentos muy dudosos, algunas prestaciones”, abundó por su parte el investigador Alberto Herrera.

LAS CONDICIONES PARA INVESTIGAR

El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH expresó el 21 de julio su demanda por mayor seguridad para el personal que realiza trabajos de investigación en campo a raíz del fallecimiento del investigador Emmanuel Eleazar Reyes Estrada, quien estaba contratado por terceros. Además, enviaron una carta al director de la institución, Diego Prieto, exponiendo la falta de seguridad y cobertura para el personal en estas labores, así como la precariedad y falta de respaldo institucional.

“Existen carencias en herramientas para mantener una comunicación constante y un acompañamiento efectivo del INAH en aspectos legales, administrativos y de protección civil en el desarrollo de sus labores”, apuntaron.

Las condiciones de trabajo en el INAH se han vuelto precarias debido a diversas normativas administrativas que han afectado la efectividad y eficiencia de las labores en la institución, según explicaron los investigadores entrevistados.

Un aspecto es la restricción de tiempo para trabajos de campo en zonas arqueológicas. A los investigadores se les recorta el tiempo a sólo cinco días, mientras que a algunos proyectos como la exploración de sitios arqueológicos o la investigación de pirámides, pueden requerir meses o incluso años para completarse adecuadamente.

En cuanto a los viáticos, se aplica una tarifa que no se ha actualizado en más de diez años, lo que resulta insuficiente para cubrir los gastos necesarios. Además, el manejo de la gasolina se ha complicado debido a que se exige el uso de tarjetas que no son aceptadas en todas las gasolineras cercanas a los sitios de trabajo, lo que genera ineficiencias y largos desplazamientos para encontrar lugares donde se pueda cargar combustible.

Un ejemplo preocupante es el cálculo del monto asignado para gasolina, que no toma en cuenta los kilómetros adicionales que los investigadores deben recorrer por caminos difíciles para llegar a los lugares de trabajo, lo que implica costos personales no compensados.

“El manejo, por ejemplo, de la gasolina, administrativamente quieren controlarlo con una serie de tarjetas, que en un contexto urbano no hay gasolineras que reciban esa tarjeta, y en ocasiones es necesario desplazarse más de 100 km para encontrar una gasolinera que acepte la tarjeta o vale que les da el INAH, lo que vuelve muy ineficiente el trabajo arqueológico. Hay casos en que un hallazgo se reporta en una cabecera, por ejemplo, Chilpancingo, pero el vestigio se ubica a 30, 40 o más kilómetros por terracería, y todos esos kilómetros extras no los contabilizan para el cálculo del monto asignado para gasolina”, explicó Herrera.

Además, la burocracia también representa un problema en el INAH. Los proyectos de investigación deben pasar por siete niveles de autorización administrativa, que por cierto no garantizan la suficiencia financiera al finalizar la aprobación, pero que sí representan pérdida de tiempo.

La insensibilidad y la falta de conocimiento acerca de la diversidad del conocimiento antropológico en la administración también obstaculiza el trabajo de los investigadores.

“En ocasiones quieren que un investigador se desplace tres o seis horas en vehículo, que vaya y regrese al centro de trabajo el mismo día. Cuando simplemente la jornada de trabajo es de 8 horas. Están exigiendo que el investigador esté en 10 o 12 horas de traslado para hacer una actividad que toma pocas horas”, explicó la antropóloga Tlazoltéotl.

Los investigadores también se ven obligados a realizar trabajos administrativos adicionales que no están relacionados con sus proyectos. Y más preocupante aún, cerca del 30 por ciento de los proyectos registrados en el INAH no reciben asignación presupuestal, lo que significa que los investigadores deben costearlos con sus propios medios. Sólo aquellos proyectos con impacto financiero tienen la autorización correspondiente.

“Hay normas administrativas impuestas que ponen personas ajenas y que no conocen lo que significa el trabajo de la investigación. En ese marco, la insensibilidad y la rigidez administrativa, que no solamente no saben de lo que es la diversidad de conocimiento antropológico, sino que está entorpeciendo el trabajo. Son detalles que han ido integrando y agregando cargas al proceso de investigación sin que el investigador pueda hacer algo porque de otra forma no opera”, concluyó Herrera.

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