28 ago 2023
Por Mónica Cerbón
Reportera de investigación y productora. Originaria de Aguascalientes. Miembro de Connectas HUB. Premio IPYS 2020-2021.
@Monica_Cerbon
Tres trabajadoras de la sede central del INEGI, ubicada en Aguascalientes, presentaron denuncias internas y penales por asedio y violencia laboral, así como acoso sexual. Pero el Instituto sólo ha respondido con revictimización, mientras que las investigaciones siguen en curso.
Carolina Aguilar y Jazmín Ramírez terminan de comer mientras platican sentadas en un café del centro de Aguascalientes. Su amiga, Dayanara Galván, está enferma y no pudo venir a la reunión. Las tres han abierto brecha en los laberintos de violencia laboral y revictimización que sufren las trabajadoras en la sede central del INEGI, uno de los organismos públicos mexicanos más reconocidos en el mundo.
Del caso, la titular general del INEGI, Graciela Márquez, tiene conocimiento, pues la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) le envió un escrito a principios de junio solicitándole revisarlo, y aplicar medidas de protección. Pero la respuesta ha sido insuficiente.
Otras instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y la Fiscalía Estatal –que abrió carpetas de investigación por los delitos de asedio laboral y hostigamiento sexual–, también investigan.
El único organismo que parece no hacer nada es el propio INEGI. El Órgano Interno de Control (OIC) recibió las denuncias entre el 22 y el 24 de mayo pasado. Las malas consecuencias, dicen las víctimas, han sido sólo para ellas.
La historia de las tres trabajadoras fue publicada en medios locales a mediados de julio, pero los datos dados a conocer son solo una parte del largo camino que han tenido que recorrer para obtener justicia contra acosadores y violentadores laborales que parecen ser intocables, inamovibles.
Una historia de impunidad y revictimización.
Los tres presuntos hacedores de violencia laboral y acoso sexual permanecen, hasta hoy, impunes. Por las investigaciones en curso se utilizarán únicamente sus nombres de pila en el orden jerárquico de los puestos que ocupan actualmente: Isaac Sidartha “N”, Sergio “N” y Daniel “N”.
Sergio “N” es el jefe directo de las tres mujeres que han puesto denuncias en su contra, una de ellas por hostigamiento sexual. Isaac Sidartha “N”, acusado de asedio laboral, es el jefe de Sergio, y ambos están por encima de Daniel “N”, también acusado penalmente de asedio. Los tres, aseguran las víctimas, mantienen una relación de amistad muy cercana.
“Conocí a Sergio en el 2020. Yo era instructora estatal de Baja California para el Censo de Población y Vivienda. Entre las pláticas con las compañeras decían que ahí estaba el subdirector. ‘Me saludó y como que se le pasó la mano’, dijo una de ellas. Ahí me fui dando cuenta de que su fama ya lo precedía, pero son cosas que de verdad una no piensa al inicio”, narra Jazmín, que llegó a vivir a Aguascalientes hace un año, luego de que su ahora ex jefe le hiciera una oferta laboral.
Que “se le pasara la mano” era en realidad un asunto frecuente. Sergio, un hombre de poco más de 60 años, suele saludar a las trabajadoras del departamento que dirige en el INEGI con un beso que les deja humedecida la mejilla, otras veces las abraza apretándose contra su cuerpo.
“Era una plática muy recurrente entre las mujeres de la subdirección, de cómo le hacíamos para evitar que Sergio saludara así. Fueron décadas hablando de eso. Unas decían que llegaban siempre acompañadas de alguien, otras que intentaban saludarlo sólo con la mano. Lo teníamos súper normalizado. Era el saludo de dejar la baba, de besar en el cuello, de repegarse o de poner la mano en la pierna. Ese tipo de cosas. Yo lo veía como un trago amargo en el día”, detalla Carolina, que es la jefa directa de Jazmín y Dayanara.
Cuando Jazmín entró a su nueva oficina, la primera chica que conoció la alertó, le dijo que tuviera cuidado, que a Sergio le gustaba saludar de “beso y abrazo”. En otras ocasiones ella misma vio como a algunas de sus compañeras les daba la vuelta “así como edecanes”. Mientras que a ella la invitaba a salir a caminar, tenía un trato diferenciado: “Todo el tiempo quería estar en mi lugar o me llamaba a su oficina con cualquier pretexto”, explica ella, que lo denunció penalmente por asedio laboral.
“En una ocasión yo me acerqué a saludar a una compañera y él salió de su oficina y nos dijo: Miren mis zapatos nuevos. Y noté que se alzó el pantalón para marcarse el pene y los testículos. Yo me quedé viendo sus zapatos, y me dijo: No te diste cuenta, mira. Y lo volvió a hacer. A partir de ahí todo esto que sentía se confirmó, supe que definitivamente es una persona muy acosadora”, recuerda.
A Carolina, además de los besos húmedos, un día le tocó la pierna y en otra ocasión dejó su mano por largo tiempo encima de la suya; a Jazmín le dio un manazo luego de que ella le pidiera que no la tocara más; y a Dayanara, en un viaje de trabajo con los tres denunciados, le dio un beso en el cuello y le dijo que sus piernas “eran muy bonitas”.
“Solamente le he pegado a una mujer y era porque se lo merecía”, le dijo Sergio a Carolina luego de que ella, como jefa directa de Jazmín, investigara sobre el manotazo.
En otras ocasiones, dicen las víctimas, el hombre las cuestionaba sobre sus capacidades, con frases como “¿no te ayudó nadie a hacer la maestría?”, le preguntó a Jazmín. O, “que se te note que estudiaste”, le dijo a Carolina.
“Un día que estoy a punto de irme de la oficina, me pinto los labios y Sergio se acerca y me dice: Se te corrió el labial. Y se acerca a limpiarme. Entonces yo me hago para atrás y le digo: Yo puedo. En ese momento se rompió todo, lo vi así como…derrotado. Caminó hacia su cubículo”, narra Carolina, que lleva 16 años trabajando en el INEGI.
Dayanara y Jazmín también le pusieron límites. Y una vez que lo hicieron, la molestia en el jefe directo de las tres aumentó. Entonces iniciaron los regaños públicos, la asignación de trabajo extenuante, los intentos para confrontarlas entre sí, las humillaciones frente a otras y otros trabajadores del Instituto y acciones para invalidar el trabajo de las tres compañeras, así como tacharlas de “conflictivas”.
Este proceso incluyó violencia por parte de Daniel “N”, su compañero de trabajo, y de Isaac Siddhartha “N”, que como jefe directo de las personas involucradas, decidió ignorar las denuncias y actuar en represalía, participando de los regaños públicos y poniendo trabas al trabajo de las denunciantes.
El espacio laboral, dicen las víctimas, se convirtió en una zona hostil.
Esos factores las llevaron a denunciar el caso, y a los tres presuntos agresores, ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INEGI entre el 22 y el 24 de mayo pasado. En los escritos de las denunciantes, dirigidos a Manuel Murillo Rodríguez, titular del OIC, se le solicitaron medidas de protección, como lo marca el protocolo de actuación hecho por el mismo Instituto. Pero ahí lo primero que les dijeron es que esas faltas no se consideraban como graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Salimos con la convicción de que teníamos que ir más arriba. No podíamos dejarlo ahí porque no íbamos a ganar nada. Fue un sentimiento agridulce. Nos dijeron que gracias porque nos animamos, pero que no era grave. Sentimos que ya habíamos quemado todas nuestras naves. Los atentados al pudor tampoco son graves. O sea, para la ley administrativa dentro del INEGI, nada de eso es grave”, dice con frustración Carolina.
Las medidas de protección que el OIC decidió implementar fueron tres: mover a las tres trabajadoras del departamento en el que estaban a otro, permitirles ir a la oficina solo tres días a la semana y el resto hacer trabajar desde casa, y pedirle a la jefa de la nueva área dar seguimiento al caso.
Al designarla como responsable del seguimiento, el OIC no tomó en cuenta que la mujer es amiga muy cercana, incluso familiar, de Isaac “N”, uno de los acusados. El conflicto de interés era claro.
De acuerdo con las víctimas, la mujer a cargo de su protección decidió hacer público el caso, tanto con los denunciantes como con las demás personas del departamento de Diseño de Cursos y Seguimiento de los Procesos de Instrucción Censal del INEGI.
Algunas de las personas las culparon porque al moverlas de departamento, el trabajo se intensificaría. Otros guardaron un silencio que, dicen ellas, se sentía como un juicio. Otras personas no relacionadas con el caso tuvieron acceso a la información confidencial de la investigación que realizaba el OIC, incluso antes que las propias víctimas. Entonces Carolina, Jazmín y Dayanara fueron tachadas de “problemáticas”.
La violencia subió de tono. La noche anterior a que los agresores fueran oficialmente informados sobre la denuncia en su contra, Jazmín fue golpeada por una mujer desconocida a las afueras del INEGI. La mujer, que la golpeó por la espalda provocándole un esguince, la acusó de ser una “difamadora”. Luego corrió y no pudo ser identificada.
El proceso en el órgano público mexicano encargado, por ejemplo, de realizar estadísticas de violencia laboral en las empresas y dependencias mexicanas, es revictimizante.
“El INEGI es pionero en las estadísticas de género, en presentarlas. Está tan bien cuidada la información. Pero estar allá adentro es darte cuenta de que es una gran ficción”, dice Jazmín.
Cuando supieron que la investigación en el OIC no avanzaría, Carolina, Jazmín y Dayanara decidieron ir a la Fiscalía estatal y presentar denuncias penales el 7 de julio. Días antes, entre mayo y junio, también denunciaron el caso ante la CNDH por violencia laboral, psicológica, contra las mujeres y hostigamiento sexual; así como en el Conapred por discriminación en razón de género.
De acuerdo con Carolina, este último solicitó información sobre el caso al Órgano Interno de Control del INEGI.
En el proceso fueron acompañadas por una asesora de la Conavim, que cuando tuvo conocimiento de que la violencia al interior del Instituto había aumentado, decidió enviar un escrito dirigido a Graciela Márquez, titular del INEGI.
“Fue para decirle lo que estaba pasando, se le entregó el relato de los hechos y el nombre de los agresores, y preguntaron qué se estaba haciendo, qué protocolos se estaban siguiendo y qué medidas se implementarían para nuestra seguridad. Ese oficio se quedó guardado en el escritorio de alguien durante tres semanas, hasta que la Conavim envió otro oficio solicitando respuesta e informando sobre las denuncias penales que para entonces ya habíamos presentado. Graciela Márquez solo respondió que ya había medidas de protección. Y después de eso nada, solo hemos tenido silencio. Nadie se acerca a decirnos qué está pasando”, explica Carolina.
Tras darse a conocer públicamente el caso, Manuel Murillo, titular del Órgano Interno de Control, reconoció que en el INEGI hay, actualmente, alrededor de 100 investigaciones en curso por denuncias de acoso sexual y hostigamiento laboral. Su caso no es el único. A Carolina, Jazmín y Dayanara les pasó lo que a muchas mujeres: después de hacer público su relato, recibieron decenas de mensajes de mujeres que también sufrieron violencia laboral y acoso sexual al interior del INEGI.
“Yo también fui victima de discriminación laboral, incluso tengo videos con pruebas en donde me dicen que por cargas de trabajo no puedo embarazarme en los meses de mayor trabajo. Fui despedida injustamente y mi demanda está en proceso”, dice uno de los mensajes publicados en redes sociales, luego de que el Observatorio de Violencia Social y de Género las acompañara a presentar su caso mediáticamente.
Las víctimas publicaron este 16 de agosto una petición en Change.org para exigir un alto a la violencia en su contra.
“Es una violencia institucional. El silencio del Instituto que a mí me parece es estar de parte de los agresores. Que todavía ellos (los agresores) sigan ahí y nosotras ya no estemos, es mostrar que las piezas reemplazables somos nosotras”, añade Carolina.
Información publicada en: https://poplab.mx/v2/story/INEGI:-la-elite-de-la-burocracia-no-escapa-a-la-violencia-sexual-y-laboral-contra-mujeres
