Por: Arturo Rivero

El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León, determinó que los jueces ordinarios laborales no cuentan con facultades para analizar la legalidad, ni mucho menos invalidar los actos de citación realizados por el Centro de Conciliación, previos a la expedición de la constancia de no conciliación que se adjunta a la demanda laboral y, por ende, tampoco pueden ordenar la devolución del expediente con el objeto de que se lleve a cabo de nuevo el procedimiento respectivo, observando las formalidades esenciales que lo rigen.

Lo anterio, señala, se estima de esa manera, en razón de que los Centros de Conciliación (federal y locales) son entes de naturaleza administrativa, especializados e imparciales con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, que además se rigen por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad, por lo que sus actuaciones gozan de la presunción de legalidad, salvo prueba en contrario.

Agrega que a partir de tal premisa, no se puede considerar que las decisiones de uno u otro ente (Centros de Conciliación versus Tribunales Laborales) impacten de manera directa en el otro, es decir, las decisiones que toman gozan de plena autonomía, sin soslayar que aun cuando pudieran compartir un objetivo, que es la solución del conflicto, lo hacen mediante el uso de herramientas que no tienen punto de comparación, en atención a la propia naturaleza de los procedimientos que desahogan.

Entonces, dice, en tanto los citados Centros de Conciliación (federales y locales) son organismos autónomos, sus actuaciones no pueden ser objeto de control de legalidad por un órgano jurisdiccional de instancia en materia laboral que no es su superior jerárquico, pues incluso no hay ninguna disposición contenida en la Ley Federal del Trabajo que amplíe la competencia jurisdiccional de los tribunales del trabajo, para otorgarles la facultad de revisar la legalidad del procedimiento conciliatorio llevado a cabo por los Centros de Conciliación Laboral, o la de conminar a éstos a realizar actos tendientes al perfeccionamiento de tal procedimiento.

Agrega que adoptar una postura diversa, implicaría, sólo a manera de ejemplos (no limitativos): a) poner en tela de duda el actuar de los Centros de Conciliación como órganos autónomos de buena fe por imperativo constitucional y se exigiría entonces al trabajador anexar a su constancia de no conciliación las pruebas que acrediten la manera en que el referido Centro efectuó las notificaciones a la parte patronal, lo que va más allá de los requisitos exigidos por la ley para dar entrada a un juicio; b) se afectaría el principio de celeridad que debe caracterizar a la instancia conciliatoria prejudicial, la cual no debe exceder de cuarenta y cinco días naturales, en términos del artículo 684-D, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo; c) devolver el asunto para que se agote la fase conciliatoria ante los Centros de Conciliación, cuando ello ya había sucedido, con independencia de su resultado, e impactaría en los plazos de prescripción con que cuenta la parte trabajadora para presentar su demanda laboral en tiempo, en términos del artículo 521 del ordenamiento de la materia; d) con el alargamiento del tiempo de la fase prejudicial de conciliación podrían generarse, en perjuicio de los patrones, la caída innecesaria de salarios y el pago de intereses que se prevén en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.

De tal manera que, señala el Tribunal, en la nueva realidad del sistema de justicia laboral imperante en el país, cuya implementación en tercera etapa culminó en el año dos mil veintidós en todo el territorio nacional, cada órgano constitucional y legalmente regulado (Centros de Conciliación Federal y locales y Tribunales Laborales locales y federales) deben asumir el papel protagónico que el Constituyente tuvo a bien asignarles, con el ejercicio responsable de las funciones encomendadas a cada cual, para de esta forma consolidar el fin último que motivó dicho cambio de esquema normativo.

Información publicada en: https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/30838/quitan-a-tribunal-laboral-poder-para-analizar-la-legalidad-de-la-conciliacion

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