Dentro de la planta continúa el hostigamiento a los sindicalizados, denuncian
Patricia Gutiérrez Rodríguez
julio 17, 2024
El próximo lunes 22 de julio se cumplirán los 10 días de plazo que tienen los gobiernos de este país y de Estados Unidos para que acuerden una sanción a Volkswagen de México por violentar los derechos a la libertad sindical y negociación colectiva de una decena de trabajadores a los que despidió injustificadamente, informó en conferencia de prensa Rosario Ortiz Magallón, abogada e integrante de la presidencia colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas, misma que ha estado a cargo de la defensa legal de los removidos.
En caso de que los dos países no se pongan de acuerdo, será convocado un Comité de Expertos, conformado por representantes mexicanos, norteamericanos y canadienses, los cuales dispondrían de 30 días para discutir los resultados de las indagatorias y dictarán una resolución que es inapelable.
Si ésta no favorece, se podría recurrir a otras rutas para que la ensambladora no quede sin sanción, tales como presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y probablemente otra en la directiva sindical en Alemania, nación donde existe un consejo que vigila el funcionamiento y comportamiento de las empresas germanas en otras partes del mundo, y donde además hay una ley aprobada el año pasado que obliga a las factorías de ese país a que en la cadena de suministro y las matrices se cumpla con una serie de compromisos en materia de derechos humanos, añadió Ortiz Magallón.
Los operarios fueron despedidos entre octubre de 2023 y enero de 2024, ellos han pugnado por su reinstalación, pero al no conseguirlo al acudir a las autoridades laborales mexicanas, optaron por recurrir al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, por lo que intervino el gobierno estadounidense, el cual concluyó que se les negaron derechos laborales, y pidió al de México investigar, este último aceptó hacerlo, pero todavía no hace público el resultado.
En el periodo de pesquisas la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo federal impulsó una serie de reuniones entre la empresa y los removidos para llegar a acuerdos, entre ellos el de la reinstalación, con la protección y garantía de todos y cada uno de los derechos de que disfrutaban antes de su baja.
Pero a poco de firmar el convenio, la trasnacional intentó que los operarios aceptaran dos cláusulas, una de confidencialidad y otra de comprometerse a no realizar paros de las líneas de producción y no incitar a otros a hacerlo.
“Prácticamente nos están coartando la libertad de poder tener derecho a ir al baño, de poder en algún momento ser representantes y si alguien está siendo violentado, en el momento, no pudiera yo ejercer alguna acción. También censura, no tendríamos que hablar de que es lo que lo se iba a acordar con nuestros casos”, expuso Salvador Anzures, uno de los afectados.
En ese contexto, los afectados informaron que no ha cesado el hostigamiento contra el personal de base, especialmente contra sus familiares y aquellos que no simpatizan con Hugo Tlalpan Luna, actual secretario general del sindicato.