Gerardo Hernández

02 de mayo de 2022

La maquinaria de la reforma laboral tiene ya tres años en marcha y a partir de octubre estará operando en todo el país a plenitud. Y aunque este año concluye la implementación del modelo laboral que contempla nuevos mecanismos de solución de conflictos y reglas de democracia sindical, todavía hay resistencias al cambio en varios sectores.

“Cada vez más estamos viendo este cambio de cultura. Pero claro, hay mucha resistencia porque sabemos que hay muchos contratos colectivos en el país que los trabajadores no conocen, a veces ni si quiera conocen a su sindicato, a sus líderes y mucho menos los estatutos. Es evidente que en esos casos hay que romper con esto”, detalla en entrevista Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

La reforma laboral de 2019 definió un proceso de legitimación de todos los contratos colectivos existentes para garantizar que estos documentos cuenten con el respaldo de las personas trabajadoras a través del voto personal, libre, directo y secreto, una de las nuevas reglas para la negociación colectiva y la elección de dirigentes sindicales.

Sin embargo, a pesar de la resistencia que aún se puede encontrar, Domínguez Marrufo señala que la transformación de la cultura laboral ha tenido buenos avances y hay más confianza en el nuevo modelo. Además, las autoridades han observado un mayor interés de los propios empleadores para que los sindicatos legitimen sus contratos, otorgando todas las facilidades.

“Lo que estamos observando es que cada vez más tanto empresas como sindicatos están adecuando sus relaciones laborales y están teniendo un contacto más cercano con sus trabajadoras y trabajadores”, puntualiza.

El funcionario considera que el papel que ha jugado el CFCRL en consultas para que los trabajadores elijan un nuevo sindicato que los represente, como en los casos de General Motors en Silao, Guanajuato, o Tridonex y Panasonic, en Matamoros, Tamaulipas, ha mejorado la confianza en los nuevos procesos de democracia sindical.

“Cuando se ve que estamos actuando de una manera totalmente imparcial, profesional, con padrones confiables, garantizando que los trabajadores voten en libertad, que no sean coaccionados, amenazados o engañados respecto a las consecuencias de decidir sobre una u otra opción, evidentemente el mensaje está permeando con los demás trabajadores y centrales sindicales. Esto está generando la confianza”, apunta.

A pesar de esto, el titular del CFCRL reconoce que puede haber desconfianza hacia las nuevas autoridades creadas con la reforma laboral de 2019. “Hemos tenido que ir convenciendo de manera paulatina, pero con actos, con hechos, con acciones concretas. Todos los registros sindicales que se están otorgando y todos los estatutos que se modifican tienen que hacerse con la participación real de los trabajadores y por vía digital, no hay trámites donde se puedan dar complicidades o influyentismo, porque todo es por vía digital, todo es auditable”.

De cara a la implementación de la última fase de la reforma laboral, donde el CFCRL, centros de conciliación y tribunales laborales locales y federales iniciaran operaciones en los 12 estados restantes, Alfredo Domínguez considera que aún hay áreas de mejoría, sobre todo en la digitalización de los trámites sindicales.

“Estamos en un proceso de mejora continua, y no es choro o discurso. Estamos permanentemente reuniéndonos con actores del mundo del trabajo para mejorar nuestra plataforma, hacerla cada vez más amigable y más interactiva, y que incluso puedan hacerse los trámites de una manera más simple. Claro que esto implica tiempo y esfuerzo de mucha gente, pero es parte de lo que vamos a mejorar, nuestra plataforma”.

Avances en justicia laboral

Uno de los grandes cambios logrados con la reforma laboral es el tiempo en el que los trabajadores logran la resolución de un conflicto con su empleador.

A nivel federal, cerca del 71% de los conflictos laborales se resuelven por la vía de la conciliación, pero en el ámbito local la proporción se eleva hasta 80%, en buena medida esto se debe a que más del 50% de los problemas en la jurisdicción federal se presentan contra dependencias o empresas productivas del Estado.

“Antes teníamos juicios que llevaban en promedio cuatro o cinco años, dependiendo si la Junta de Conciliación era local o federal, o la entidad donde se detonó el conflicto. Hoy se resuelve el 71% de estos conflictos en la conciliación y los pocos que pasan a los tribunales se resuelven en un promedio de cuatro a cinco meses, cuando mucho. Estamos viendo un cambio radical en agilidad y prontitud en la resolución de los conflictos”, destaca.

Buena parte de este cambio, puntualiza, responde a que se está privilegiando la conciliación por encima del “desgaste o el conflicto”, terminando con una “industria de litigio” que apostaba por los juicios extensos, esperando que una de las dos partes se cansara o, incluso, se abstuviera de reclamar sus derechos. “Eso está cambiando”, subraya.

Por ahora, los asuntos que más se están conciliando a nivel federal tienen que ver con la separación de los trabajadores de una empresa y el pago de prestaciones. “Estamos verificando que no haya renuncias de derechos y que todas las prestaciones queden cubiertas”.

Información publicada en: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Cambio-cultural-el-gran-desafio-tras-la-implementacion-de-la-reforma-laboral-20220430-0029.html

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