Por Manuel Fuentes

Escrito en OPINIÓN el 9/5/2023 

La justicia laboral en la Ciudad de México vive una de sus mayores crisis por el desmantelamiento de su Junta Local de Conciliación y Arbitraje y lo incomprensible de estos recortes es que ocurran en el gobierno de este territorio, donde existe el mayor rezago a nivel nacional.

Este hecho sin precedentes traspasa las paredes de la Junta, es un hecho que afecta directamente a los trabajadores que tienen atrapados sus juicios en esa especie de letrinas.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCACDMX) tiene el mayor número de expedientes que todas las Juntas locales de otros estados de la República: 139 mil que se encuentran varados por falta de personal. 

La mayor crisis ocurre por la escasez de actuarios, quienes tienen que notificar a diversas empresas en más de 70 mil expedientes en trámite. Cada que se pretenden celebrar estas audiencias, se aplazan al menos 6 meses. Al llegar el término de ese periodo se posponen nuevamente.

Hay 20 mil expedientes ya laudados y sin notificar a las partes lo que agrava la situación de esta instancia laboral. 

Desde abril de 2022, se le empezó a retirar una cuarta parte de su presupuesto a la JLCACDMX con motivo de la creación del Centro de Conciliación local, y así, empezaron a ocurrir despidos del personal jurídico, algunos hasta con más de 25 años de experiencia.

El Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, para intentar justificar el robo presupuestario de la JLCACDMX, insertó el transitorio octavo: 

“El presupuesto público con el que darán inicio las actividades del Centro de Conciliación será a costos compensados del presupuesto público asignado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022”. 

Esto provocó que a la Junta Local le arrebataran parte de su inmueble para asignarlo al Centro de Conciliación, se empezaran a realizar despidos masivos del personal y con ello disminuyeran sus recursos humanos y materiales, que impacta en la dilación de la justicia laboral y hace que ésta sea una justicia nula. 

En 2023, por un acuerdo de la Jefatura de Gobierno avalada por el Congreso de la Ciudad, se retiraron 100 millones de pesos al presupuesto de la JLCACDMX, que representa el 22.63%, para que con estos recursos se mantuviera operando el Centro de Conciliación de la Ciudad de México.

El problema se agravó con el uso de la facultad exclusiva de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México que llevó a cabo la destitución de doce presidentes de Juntas Especiales de la JLCACDMX (quienes tienen funciones equivalentes a las de un juez).

El pasado dos de mayo alrededor de las 14 horas fueron llamados uno a uno los presidentes de las Juntas Especiales comunicándoles que estaban destituidos, manifestándoles que ya no podían regresar a sus oficinas y que se debían retirar en ese momento. Tratados como los peores servidores públicos, a pesar de tener algunos más de 20 años de experiencia y una trayectoria intachable.

Seguro no se le ha informado a la doctora Sheinbaum que esta lamentable decisión agravará la crisis que vive la JLCACDMX, ya que los retrasos son cada vez mayores y afectará sin duda alguna en los bolsillos de los trabajadores quienes, sin tener en la mayoría de los casos una fuente de ingresos, deberán esperar años para la resolución de su asunto. 

También para los patrones, con esperas interminables para obtener un laudo; es el mismo pueblo que tanto defiende la doctora Sheinbaum.

Diariamente los litigantes, patrones y trabajadores tienen que esperar cerca de tres horas para la celebración de su audiencia, que tarda en promedio dos horas más si se realiza.

Es un verdadero suplicio llevar a cabo la defensa jurídica en esa institución a la que se suman constantemente nuevos despidos de su personal.

Las imágenes que se presentan a continuación fueron tomadas el 9 de mayo de 2023 alrededor del mediodía, evidencian las insólitas condiciones en que se llevan las audiencias en esas oficinas laborales donde gravitan miles de casos que se atienden todos los días.

El despido de los presidentes de las Juntas Especiales es un hecho incomprensible porque el propósito gubernamental es ahorrarse su salario y no es por una mejora en la impartición de justicia. Han sido sustituidos por personal que seguirá desempeñando su trabajo cotidiano, además de asumir las responsabilidades de los presidentes.

La mayor presión que recibirán quienes sustituyen a los presidentes de las Juntas Especiales será el atender los miles de amparos que han interpuesto abogados ante la dilación de justicia. Deberán resolver rápido y bien, con la amenaza de ser multados y hasta destituidos por orden judicial.

Frente a la carrera política a la Presidencia de la República de la doctora Sheinbaum, éste podría ser un grave error irreversible en su administración. Dejaría un lastre en la justicia laboral de la capital que no perdonarían los trabajadores, los abogados, ni los patrones afectados. Ellos serían votantes resentidos que reclaman en tiempo presente una justicia social, pronta y expedita.

Deben tomarse medidas para reivindicar lo que se está haciendo: evitar se retire presupuesto de esta institución y parar los despidos a los servidores públicos.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México no merece ser tratada de esta manera, debe dársele una muerte digna, no la sepultura en vida con miles de expedientes que aún subsisten. Son tiempos de enmendar.

Información publicada en: https://lasillarota.com/opinion/columnas/2023/5/9/la-politica-laboral-de-claudia-sheinbaum-427794.html

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