Los patrones de banqueta, y hasta los de casimir inglés, nunca imaginaron que la mal querida reforma laboral les permitiría carecer de contratos colectivos y sindicatos y no ser molestados |
Por Manuel Fuentes
Escrito en NACIÓN el 4/5/2023
La reforma laboral camina como anciana, a pesar de haber nacido a la fuerza en una norma constitucional aprobada el 24 de febrero de 2017, que apostilló al artículo 123 para intentar que quedara como nuevo. La reforma tiene 6 años, dos meses y un poco más, camina lento, sin prisa, ni presupuesto. Dejó intocables a los líderes sindicales de otros tiempos y hasta los rejuveneció; los gremios sindicales manejados por los patrones quedaron intactos.
Los patrones de banqueta, y hasta los de casimir inglés, nunca imaginaron que la mal querida reforma laboral les permitiría carecer de contratos colectivos y sindicatos y no ser molestados. El fruto de esta reforma, que nació con constantes ataques al sector empresarial, se convirtió en poco tiempo en un paraíso laboral para ellos.
La legitimación de los contratos colectivos, en un tiempo límite de 4 años puso al sindicalismo, o lo que se le parezca, en una realidad vergonzosa; de los 129 mil posibles, sólo se validaron 17 mil 11. Apenas un 13.11%.
La legitimación de los contratos colectivos fue como una obra de teatro para presentar al mejor actor del año. Se le compraron ropas, las más elegantes, hasta consiguieron capa y sombrero para mostrar su grandeza. Cuando salió a escena, con el asombro de todos, sólo pudo alcanzar a ponerse los calcetines, rotos, por no tener mayor capacidad para demostrar su fortaleza.
El público quedó asombrado cuando miró al personaje tan anunciado, el sindicalismo, delgado hasta los huesos, casi totalmente desnudo y sin rumbo para los trabajadores.
La presión internacional
Cuando el gobierno mexicano era encabezado por Enrique Peña Nieto, en todos los foros comerciales donde se paraba era cuestionado por usar los bajos salarios, el control sindical y nula justicia laboral para atraer capitales extranjeros, de entregarles sangre obrera.
Esto obligó al gobierno priista a firmar el 4 de febrero de 2016 un acuerdo con 11 países: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Con ellos llevó a cabo una reforma laboral para reconocer la negociación colectiva, la libertad de asociación y la creación de tribunales imparciales.
El gobierno de Peña Nieto, asesorado por organizaciones patronales, ideó una reforma a la Constitución que no le restara fortaleza. Que aparentara hacer a un lado la intervención presidencial y de los gobernadores en los sindicatos, que desapareciera las juntas de conciliación y arbitraje pero que en su lugar creara un aparato aparentemente autónomo. Así fue como se creó, a nivel constitucional, una institución laboral que forma parte del poder presidencial, y que simula estar distante de él.
El mecanismo de respuesta rápida
Uno de los instrumentos jurídicos internacionales más controvertidos dentro de la aplicación de la reforma ha sido el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) por parte del gobierno de Estados Unidos de América (EUA) que ha estremecido al mexicano, a las empresas y sindicatos involucrados.
Es un mecanismo altamente impositivo y sancionatorio (preventivo y correctivo) para el Gobierno de México, ya que durante el proceso, EUA puede ordenar se suspendan los beneficios arancelarios del T-MEC, tales como la suspensión de todas las entradas de bienes sin liquidar de las instalaciones en la empresa en donde se invoca el MLRR o bien, de las cuentas aduaneras relacionadas con las entradas de mercancías de las instalaciones, y la imposición de otras sanciones.
Derivado de las seis quejas que se han presentado (General Motors, Tridomex, Panasonic, Teksid Hierro, Manufacturas Vu y Saint Gobain) se han creado precedentes de gran importancia como el obligar al gobierno mexicano a mantener verificadores, antes, durante y después de cada evento en donde se exprese el voto secreto de los trabajadores.
Se han logrado reinstalaciones de trabajadores despedidos por ejercer su derecho de libre sindicación, la obligación de brindarles capacitación sobre sus derechos laborales aún en horas laborables, dotar a los obreros de un teléfono de línea directa con la autoridad laboral para recibir y responder a quejas de violaciones de sus derechos.
El MLRR ha logrado que otras empresas consideradas como “instalaciones cubiertas”, y no involucradas en las quejas hayan empezado a actuar por su cuenta tomando medidas para respetar la libertad sindical y negociación colectiva, sin necesidad de denuncias, para alinearse a los nuevos tiempos. La operación de este mecanismo ha tenido resultados positivos para los trabajadores.
Un Centro Federal autónomo y no
Se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que concentró en él todas las tempestades habidas y por haber. Se le dio poder para arrebatar a los gobernadores todo dominio sobre los sindicatos y cederlo al Presidente de la República. No sólo eso. A los poderes locales les impidió validar los contratos colectivos de trabajo para que únicamente el ejecutivo federal lo pudiera hacer.
Además, se le dio facultad a ese Centro Federal para intervenir en todos los conflictos individuales y colectivos federales. Una estructura de poder concedida a través de un organismo dependiente de la Secretaría del Trabajo Federal.
Para que los gobiernos locales pudieran tener injerencia en sus conflictos locales, como migajas políticas les generaron Centros de Conciliación para atender todo tipo de problemas laborales individuales y sindicales. Una especie de concesión a los gobernadores para que siguieran haciendo un uso político de la conflictividad laboral.
Conciliación punitiva
Una decisión mezquina que se arrebató a los tribunales laborales para que la llamada Conciliación quedara en manos de los políticos y no de los juzgadores. Así los llamados Centros de Conciliación hacen todo lo posible para que se aísle al trabajador de defensa.
Es una conciliación punitiva porque hace que en la mayor parte de los estados de la República el trabajador no esté representado por un abogado, sino por una persona de su confianza a la que generalmente no se le permite ingresar al evento y, cuando lo hace, no puede hablar en defensa del trabajador.
En cambio, las empresas sí pueden estar representadas por un abogado especializado en la materia, y eso da como resultado arreglos ínfimos en perjuicio del trabajador.
Las Juntas de Conciliación al muladar
La reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 sustituyó a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dependientes del poder ejecutivo federal y local, por los tribunales laborales con las mismas competencias. Este cambio dejó en el abandono a alrededor de un millón 500 mil casos.
Los gobiernos de los estados de la República dejaron de otorgar presupuesto suficiente a estas instancias laborales a pesar del rezago, algunos de 15 o 20 años, con el pretexto de que con la reforma laboral ahora sí se ayudaría a los trabajadores.
Con la reforma laboral, las Juntas de Conciliación y Arbitraje se convirtieron en las malqueridas de los gobiernos de todos los colores políticos. En la capital de la República, que concentra más de 130 mil expedientes, le arrebataron la mitad de su presupuesto a la Junta de Conciliación para transferirlo a los Centros de Conciliación.
A finales de 2022, en la Ciudad de México, funcionarios locales empezaron a aventar una especie de bombas molotov a las estructuras jurídicas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Despidieron a conciliadores de gran experiencia, a dictaminadores (que son los encargados de elaborar los laudos), a auxiliares de presidentes, a secretarios de acuerdos y, a partir del 2 de mayo de 2023, destituyeron a los presidentes de las juntas especiales, un equivalente a los jueces laborales.
Mientras escribo este balance, me informan que los auxiliares de presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México fueron avisados de que deberán continuar haciendo su trabajo cotidiano (elaborar acuerdos al momento en cada audiencia, en ocasiones hasta 40 diarios) y, al mismo tiempo, realizar las actividades de presidente suplente con todas las amenazas de multas y destitución. Les dijeron que se apuren porque sólo hay presupuesto para cubrir sus salarios hasta el próximo mes de agosto. Si les gusta y, si no, que renuncien de una vez.
A la doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sus asesores la engañan al decirle que no pasará nada con el despido de funcionarios que operan en la Junta de Conciliación y Arbitraje; que todo pasará desapercibido.
Además de ser ilegales las separaciones, y ser una muestra de que en esas oficinas no se respetan los derechos laborales, se acrecentará la dilación de los juicios y la mala calidad de las pocas resoluciones que vayan fluyendo. Será un grave precedente el permitir estas atrocidades de parte de quien pretende ser Presidenta de la República, y que se admita destruir la justicia laboral de esta manera tan insensata.
La reforma laboral también debe contemplar a los olvidados de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. La decisión de disminuir y despedir funcionarios de estas instancias ha sido el peor error de la administración, que ha decidido darse un tiro en el pie.
La reforma Laboral del 1º de mayo de 2019
En el día del trabajo de 2019 se dio a conocer una reforma laboral trascendental que buscaba hacer a un lado el proyecto patronal que se trabajó en tiempos de Peña Nieto. Los abogados de la Coparmex se habían hecho dueños de una reforma para complacer los intereses de los patrones.
Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se mandó a la basura el proyecto del sexenio anterior y se presentó otro que planeó fortalecer la democratización del modelo laboral.
La reforma no estuvo exenta de concesiones a modelos conservadores del Poder Judicial de la Federación, que se empecinó en dejar un modelo procesal de jueces de toga y birrete, pero con caminos similares en los que se dirimen los juicios mercantiles y civiles. Una apuesta para borrar el modelo social de la reforma laboral y cerrar el paso en favor de los trabajadores.
La austeridad, eje de la reforma laboral
En los sindicatos se apostó a que las relaciones laborales se fortalecieran. El balde de agua fría se dio en la segunda quincena del mismo mes de mayo de 2019 en que el presidente de la república mandó una circular para reducir los presupuestos de todas las dependencias, incluida la Secretaría del Trabajo, operadora de la reforma laboral. En algunas áreas la reducción fue de un 30% y en otras hasta del 50%.
Tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como el resto de los Centros de Conciliación y Tribunales laborales, nacieron con importantes reducciones presupuestales que se reflejan en la disparidad de los salarios de los funcionarios y escaso personal. Las quejas de que una reforma de esta envergadura necesitaba un apoyo importante del gobierno federal por parte de los gobiernos de los Estados se dispararon por todos lados, pero hubo oídos sordos, hasta la fecha.
Los jueces laborales
Los gobiernos de los Estados, a contracorriente, se apuraron a tener instalaciones para los nuevos tribunales laborales. Como pudieron, instalaron juzgados con los modelos acordados con un espacio para el juez, sus secretarios, la representación obrera y del capital, y para el público.
En algunos estados como Oaxaca alcanzó para un juez o, en la Ciudad de México, donde se habían proyectado 25, se quedaron con 9, por falta de recursos. Ahora sufren por espacios para audiencias y equipos descompuestos. Cada entidad se ahoga por la reducción presupuestal, no importando el número de juicios. Con la división de jueces se mató toda posibilidad para federalizar la justicia laboral.
Las sentencias de los jueces laborales
Fueron 7 estados de la República los que arrancaron la primera etapa de la Reforma Laboral el 18 de noviembre de 2020. Con datos oficiales hasta el mes de marzo de 2023 podemos señalar que el número de sentencias ha sido muy reducido en comparación con las expectativas que se propalaron.
A nivel local, en las entidades con mayor experiencia, los resultados son disímbolos, alcanzando un 11.97% de sentencias contra el 32.34% a nivel federal, en relación con los casos recibidos.
Sin embargo, el cuadro que se presenta deja en evidencia que a nivel local los 49,568 casos recibidos representaron el 73% del total de demandas, sumando los resultados a nivel federal y local.
A nivel federal, los tribunales, que tienen mayor presupuesto que los del ámbito local, atienden apenas el 26.04% de todos los conflictos generados, que suman 67 mil 22 en esos siete estados. Aunque supera proporcionalmente el número de sentencias a nivel federal, el número de sentencias (5,009) es menor sustancialmente a las que se emiten a nivel local (6,177).
Capacitación de los jueces laborales
Hay una queja constante a nivel nacional: el perfil de los jueces no corresponde al proyecto de la reforma laboral. Muchos de ellos fueron extraídos de ramas ajenas al derecho laboral y dejan notar su ignorancia en la materia en que están contratados.
Personalmente, he conocido jueces que hacen referencias a jurisprudencias en materia familiar o civil como si fueran aplicables en lo laboral. Algunos que han confundido casos del apartado A del artículo 123 constitucional para mandarlos al B, como en el caso de los tres emplazamientos a huelga que se tuvieron que presentar en la revisión salarial del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) en diciembre pasado. Otros que en la audiencia de conciliación en materia de huelga llaman a los que intervienen, de manera indebida, parte actora o demandada, y no sindicato emplazante o empresa emplazada.
De todas estas afirmaciones, y otras que nos constan, tenemos evidencias y grabaciones de las audiencias, donde se cometen inconsistencias por parte de los juzgadores.
Pero de los problemas que se tienen en los juzgados no toda la culpa es de los jueces. La reforma laboral impuso a estos la obligación de emitir sentencias en la misma audiencia, o a los cinco días siguientes. Esto casi nunca ocurre, delegan su elaboración en quienes no presencian la audiencia.
Los juicios, una penuria para los trabajadores
El proceso judicial se ha convertido en una penuria para los trabajadores porque, a semejanza de un juicio civil, tienen que sacar todo lo que tengan en sus bolsillos como si fueran parte acusada. Deben, de inicio, ofrecer pruebas, aún sin saber cuál será el alegato de su contraparte. Es una aberración obligarlos a probar su dicho como si fuera un juicio con efectos de derecho privado.
Los jueces, con el fin de quitarse casos de encima, y ante la adversidad que enfrentan los trabajadores, les insisten en que haya un arreglo “amistoso” en el juicio. Para ellos es más fácil que trabajar en una sentencia.
La crítica constante que se hace a la reforma laboral es que los Centros de Conciliación deberían desaparecer y su función debería ocuparla el poder judicial. Es insensato que haya dos instancias, una del poder ejecutivo y otra del judicial, para conocer los conflictos laborales. Además de ser un modelo más caro diseñado para reducir los derechos laborales. Parece que todo este proceso está hecho para desgastar al trabajador y que abandone los juicios.
Los líderes sindicales
Estos personajes temían desaparecer a inicios de la reforma laboral sobre todo los vende contratos colectivos, los amasa cuotas del sindicato, los empleados del patrón y no de los trabajadores, pero ocurrió lo contrario, ahora se sientan en la mesa del Presidente de la República.
Este primero de mayo pudo reunir en palacio nacional a líderes de todas las corrientes sindicales, hasta aquellos que se han apropiado de manera descarada de las cuotas sindicales para hacer un negocio de ellas, de los vende plazas y los dirigentes burocráticos encargados del control de los trabajadores del gobierno. Todos estaban felices reunidos porque la reforma laboral también los beneficia, los enaltece al ser el pivote del ejercicio de los derechos colectivos y no los obreros.
La sorpresa es que haya sido un representante de una central sindical con el mayor número de contratos de protección quien hablara en nombre de la “clase obrera”, sin cuestionar el modelo sindical que aún se padece en el país.
No fueron invitados los representantes del Sindicato de Notimex quienes luchan en la huelga más larga y vergonzosa que la fecha sigue sin solución. Este conflicto también es parte de la reforma laboral que el gobierno evade en su cumplimiento.
La reforma laboral se apoyó únicamente en los líderes sindicales para legitimar los contratos colectivos. Ellos siguieron siendo los reyes, como antaño, para decidir si se validaban o no.
Esa vía, en la que sólo a través de los secretarios generales se puede validar los contratos colectivos, marginó legalmente a los trabajadores para que ellos, con un porcentaje de al menos un 33%, pudieran iniciar este proceso. Esta posibilidad no ocurrió y dejó en evidencia el pequeño número de contratos colectivos que tendrán validez oficial.
La realidad es que los patrones tuvieron más posibilidad de conservar sus contratos de protección manejando la documentación a través de sus empleados, llamados en la jerga oficial “secretarios generales”, para cambiar lo requerido por la autoridad y que todo siga igual. Contratos de protección ahora bendecidos por la propia autoridad, y con un manejo de amenazas o compra de votos para que los trabajadores sufraguen un contrato colectivo de condiciones ínfimas.
Los retos de los trabajadores
La reforma laboral presenta enormes retos para los trabajadores, sindicatos y patrones. La comunicación, transparencia de información y capacitación será básica para lograr un proceso de democratización de las relaciones laborales.
Pero en esta etapa tan crítica para los trabajadores, los sindicatos más armados y con mayor trayectoria tienen una enorme responsabilidad en este momento histórico: dejar de mirarse hacia sí mismos y llevar a cabo una labor de apoyo al resto de los trabajadores que no forman parte de su centro de trabajo.
Crear escuelas sindicales abiertas para todos los trabajadores debe ser una misión prioritaria, no sólo para saber cómo organizarse, sino sobre todo para conocer sus derechos y defenderlos.
Debe regresarse a aquellos tiempos en que trabajadores solidarios estaban en la puerta de la fábrica llamando a organizar a otros obreros.
Lograr que la reforma laboral también alcance a los trabajadores informales, a los de las plataformas, a las trabajadoras del hogar, a los jornaleros, a aquellos que trabajan en los cientos de miles de centros laborales, a los que carecen de seguridad social y que desconocen lo que es el voto secreto y la organización obrera real.
La reforma laboral significa un enorme reto para la clase obrera de nuestro país, como el lograr que la libertad sindical y la negociación colectiva sean realmente efectivas, para ello tendrá que refundarse en nuevas formas de organización y capacitarse para generar una participación consciente de los trabajadores. Son tiempos de no rendirse.
Información publicada en: https://lasillarota.com/nacion/2023/5/4/la-reforma-laboral-en-camino-empedrado-un-balance-427038.html