Defensores de derechos humanos enfrentan la violación de sus propias garantías


Por Blanca Juárez

Miércoles 28 de Febrero de 2024

En México, las personas que trabajan en las ONG enfrentan graves obstáculos para sindicalizarse y así defender sus salarios, el acceso a la seguridad social y otras condiciones básicas de empleo digno.

El primer desafío ante la precarización laboral de las personas defensoras de derechos humanos es defender sus derechos laborales. “Necesitamos normalizar que somos trabajadores, que tenemos derechos y exigirlos”, dice Ángel Pazos Romero, secretario general del Sindicato Nacional de Personas Trabajadoras de Organizaciones de la Sociedad Civil (Sinosc).

Entre las múltiples violaciones a sus derechos laborales el primer reto es “el reconocimiento de la relación laboral. Pero no solamente desde el empleador a la persona trabajadora, también de la persona trabajadora a sí misma. Necesitamos cambiar el chip y decir: ‘lo que yo hago es trabajo’”.

La defensa de los derechos humanos, el activismo, es trabajo.

Este 27 de febrero se conmemoró el Día Mundial de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), es decir, de aquellas asociaciones civiles cuyo principal objetivo es el bien social.

En 2022, “las actividades del sector no lucrativo equivalieron a 823,413 millones de pesos”, según la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México (CSISFLM), dada a conocer a finales de 2023. En perspectiva, esa cifra representa el 2.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

La cuenta satélite, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que en 2022 las actividades económicas del sector no lucrativo generaron más de 2.8 millones de puestos de trabajo, o sea, el 7.3 % del total nacional.

No hay muchos estudios sobre la sociedad civil en México, apunta Ángel Pazos, quien también coordina el eje de Diálogo Sindical en la Fundación Friedrich Ebert (FES).

Tampoco hay mucha conciencia de clase trabajadora, un vacío que han ocupado muchas organizaciones. Por ello, el segundo desafío le compete a la parte empleadora, a quienes dirigen y administran las organizaciones de la sociedad civil, dice Ángel Pazos.

“La reforma laboral vino a oxigenar el mundo del trabajo. Pero a unos sectores los agarró más desprevenidos que a otros”. Las ONG ya no pueden escapar de las nuevas reglas que buscan cambiar las lógicas del mundo del trabajo en todos los centros laborales.

Despidos por sindicalizarse

En unos días, el 2 de marzo, se cumplirán dos años de la toma de nota del Sinosc, el primer sindicato de personas defensoras de derechos humanos en el país. Sin embargo, este esfuerzo organizativo requirió de muchos años de trabajo y los que están por delante no se vislumbran fáciles.

“Un sindicato no es fuerte por el número de personas que agremie, sino por los contratos colectivos de trabajo (CCT) que tenga firmados, por el numero de trabajadores se beneficien de que ese sindicato ejerza el derecho colectivo de trabajo”, apunta Ángel Pazos, activista social guerrerense.

Pero el primer paso para tener un CCT robusto, o sea, afiliar a trabajadores y trabajadoras, ya cobró varios despidos a la vieja usanza patronal. Uno de esos casos es el Comité Fronterizo de Obrer@s (CFO).

Según el artículo 390 Bis de la Ley Federal del Trabajo (LFT), para que un sindicato pueda negociar las condiciones laborales con la parte empleadora debe contar una Constancia de Representatividad firmada por al menos el 30% del personal. Este requisito fue incluido con la reforma laboral de 2019.

“Cuando la autoridad laboral fue a verificar que existía el centro de trabajo y que se cumpliera el 30%, la hija de la directora del CFO les dijo que no había trabajadores, pues por el tipo de organización no había relación laboral”, explica Ángel Pazos.

Las personas que laboraban en dicha organización no estaban inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y les pagaban un jornal a la semana. El objetivo del CFO “es mejorar las condiciones de trabajo dentro de las maquiladoras y defender los derechos humanos laborales, especialmente los de las mujeres”, según se describe en una oferta de empleo para esa ONG.

El Sinosc logró “que la empleadora reconociera que tenía trabajadores y los diera de alta en el IMSS. Pero luego despidió a todos los que habían firmado la constancia de representatividad”.

Han solicitado un amparo para que les otorguen dicha constancia y parece que podrían obtenerlo. “Pero no sabemos si eso va a servir de algo porque esos trabajadores ya fueron despedidos”.

Por los ejemplos de cómo las directivas de las organizaciones están intentando frenar la organización gremial no para, Ángel Pazos narra el caso de otro grupo de activistas despedido por organizarse en el sindicato. La parte empleadora les dijo que si les reconoce sus derechos laborales, dejarán de tener recursos para atender la causa que enarbolan.

¿ONG o empresa?

Para calcular el valor económico de las instituciones sin fines de lucro, el Inegi incluyó el aporte del trabajo voluntario. Si bien es una de las esferas que conforman el sector, muchas organizaciones también se aprovechan de esa fuente de fuerza de trabajo para ahorrarse costos laborales. Y con las personas que no pueden aplicar esa estrategia, emplean las peores prácticas patronales.

“Es un modelo que debe quedarse en el pasado. Tenemos que construir uno nuevo que garantice autosuficiencia y sea preventivo en el financiamiento laboral. Este cambio de paradigma tiene que estar acompañado por la reforma”, señala Ángel Pazos.

Al inicio del sexenio, recuerda el defensor de derechos humanos laborales, el gremio vivió una confusión cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno dejaría de financiar a las ONG que han vivido del erario.

El secretario general del Sinosc analiza y explica esta postura. Reconoce y da ejemplos de organizaciones, como Causa en Común, que recibían dinero público y los estudios y/o intervenciones que realizan las cobran como si fueran una consultora.

“Eso es vender servicios, entonces son una empresa que usan el régimen de la sociedad civil ante Hacienda para evadir impuestos”. Muchas organizaciones, agrega, además violan los derechos laborales de su personal.

Hay mucho por hacer, subraya. “Pero sueño con que un día cualquier empresa en México, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, puedan tener un sindicato. Una ONG con sindicato será símbolo de calidad de vida de las personas que en ella trabajan”.

Información publicada en https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Defensores-de-derechos-humanos-enfrentan-la-violacion-de-sus-propias-garantias-20240227-0121.html

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