26/01/2024

Martha Romero

De uno a cuatro años de prisión, y multa de 10 mil a 32 mil 571 pesos como sanción a quien obligue a un empleado a firmar documentos en blanco al momento de su contratación, o durante su estancia laboral, es la propuesta de Sergio García Sosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) ante el congreso mexiquense.

La iniciativa que busca reformar el Código Penal del Estado de México propone tipificar como delito la falsificación de documentos privados a quien obligue o condicione a otro a firmar documentación en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral porque implica la renuncia a sus derechos, así como obligaciones y responsabilidades que se le impongan sin previo acuerdo y consentimiento.

Expone que dichas condicionamientos pueden manifestarse a través de la renuncia anticipada del trabajador (renuncia en blanco) y los tribunales laborales desahogan casos idénticos diariamente, lo que es preocupante porque las empresas que más acuden a esta práctica son las menos reguladas y con menos responsabilidades, específicamente las que operan bajo el esquema de subcontratación u outsourcing, mismas que florecen al amparo de la ley. 

Resalta la urgencia de que la legislación penal condene y reconozca estas prácticas ultrajantes al establecer garantías para que los trabajadores puedan denunciar abusos de este tipo sin poner en riesgo su contratación, además de sancionar a los patrones que, abusando de la necesidad y la vulnerabilidad de los trabajadores, incurren en este injurioso delito.

Finalmente señala que la intención es proteger, salvaguardar y otorgar certeza jurídica a los trabajadores mexiquenses, además de poner en sintonía al Estado de México con otras entidades que han avanzado en su legislación para sancionar este tipo de conductas abusivas que vulneran los derechos laborales de los trabajadores, así como su confianza y certidumbre.

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