Previo al 1 de Mayo, el senador de Morena habla de las reformas laborales aprobadas, pero también de las deudas y pendientes que deja el gobierno del presidente López Obrador, como incumplir la promesa de rescatar a los mineros de Pasta de Conchos.

Por Gloria Leticia Díaz

martes, 30 de abril de 2024 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–  En vísperas del Día Internacional del Trabajo, y a unos meses de que concluya la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, “hay deudas y pendientes” en el ámbito laboral, pese a los avances legislativos en la materia, dice el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.   

A días de concluir su gestión legislativa, destaca la aprobación y publicación de 15 reformas en materia laboral, entre las más notables, la prohibición del outsourcing o subcontratación, así como la democratización de la sindicalización.

Sin embargo, reconoce que persisten obstáculos para materializar las 15 reformas impulsadas en este gobierno, que son “más que las aprobadas en ocho administraciones anteriores, pues desde Luis Echeverría, sexenio en el que se decretaron nueve reformas, no había habido tantos avances como en estos últimos años”, dice.

De acuerdo con el informe de labores más reciente como presidente de la Comisión del Trabajo, de las 41 modificaciones que ha tenido la Ley Federal del Trabajo (LFT) en los últimos 54 años, 15 se realizaron de 2019 a los primeros meses de 2024

Entre las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación están aquellas en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva; también en materia de licencias médicas, de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, sobre el teletrabajo, a la fijación del salario mínimo por arriba de la inflación, para regular la subcontratación (outsourcing) y la reforma que norma las labores peligrosas o insalubres.

El documento también enlista las modificaciones para conceder permisos para el ejercicio del voto en elecciones populares y procesos de revocación de mandato, en matera de vacaciones dignas, para el otorgamiento de licencias a padres y madres con menores diagnosticados con algún tipo de cáncer, para actualizar la tabla de enfermedades de la LFT, sobre los derechos laborales de las personas trabajadoras del campo y para imponer multas al empleador que no afilie a sus trabajadores al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot). 

Problemas de implementación

Rescatado en 2018 por López Obrador de su autoexilio en Canadá, Gómez Urrutia sostiene que durante su gestión al frente de la comisión senatorial se presentaron “160 iniciativas que fueron aprobadas en todo el sexenio, iniciativas de ley, dictámenes, puntos de acuerdo, acuerdos internacionales que no se habían visto en el Senado; era una forma de actualizar la ley laboral estancada por 30, 50 o más años y tener mejor justicia, democracia y libertad”. 

Para el senador, de gran relevancia fue la reforma para regular la subcontratación, de abril de 2021, que permitió que, habiendo en ese momento unos 10 millones de trabajadores bajo ese sistema de “explotación y de simulación laboral”, durante los primeros meses después de su aprobación “logramos recuperar cinco millones de empleos formales”.

Explica que vía el outsourcing las empresas “no permitían la sindicalización ni a sus trabajadores acceder a derechos como el aguinaldo y reparto de utilidades; estaban registrados en el IMSS y el Infonavit con salarios más bajos que el real, pero además evadían impuestos. A finales de 2020, cuando estábamos en plena discusión, calculamos que las empresas evadían alrededor de 21 mil millones de pesos por ese sistema de subcontratación”. 

Tras reconocer que algunas de las reformas laborales responden a la negociación que se hizo cuando se firmó el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) identifica que en ese contexto uno de los avances fue la creación del “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, que es la manera en que los sindicatos democráticos o los trabajadores pueden presentar sus quejas sobre violaciones a sus derechos ante un panel que lo compone un canadiense, un mexicano y un norteamericano”. 

El sindicato ha solicitado la intervención del panel trilateral en tres ocasiones para solucionar problemas de representación sindical en las minas Teksid, de capital italiano, ubicada en Frontera, Coahuila; San Martín en Sombrerete, Zacatecas, de Grupo México, y Tizapa, en Zacazonapan, Estado de México, de Grupo Peñoles. Todos esos litigios internacionales los ha ganado el sindicato de Gómez Urrutia. 

El legislador admite que, pese a que el marco normativo se ha modernizado, sigue fallando su implementación porque “ha faltado mayor supervisión e inspección de las autoridades laborales del país y de otras autoridades también, sigue habiendo corrupción en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, además de que empresas siguen corrompiendo a todo tipo de autoridades, desde jueces, magistrados, ministros”.

Asegura que persisten “los contratos de protección patronal, que es otra forma de explotar al trabajador”, a través de sindicatos a modo que “se arreglan con la empresa por debajo de la mesa” y pertenecen a las principales centrales obreras, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). 

Con la iniciativa de justicia laboral, libertad sindical y negoción colectiva “buscábamos cambiar esta práctica, pero no se ha logrado eliminar, eso es cierto, existen lagunas y áreas donde no ha sido posible hasta ahora prohibir completamente que pudieran los trabajadores ya tener un acceso a sindicalizarse, a elegir a sus dirigentes y a revisar su contrato colectivo”.

El dirigente sindical advierte que se requieren una supervisión permanente en los centros de trabajo para que se cumpla la ley, pero “la Secretaría del Trabajo oficialmente cuenta con una plantilla de 450 inspectores laborales para 60 millones de trabajadores, es decir, un inspector por cada de 133 mil trabajadores, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda que por cada 15 mil trabajadores mínimamente haya un inspector”.

Deuda con los mineros

En el ocaso del mandato de López Obrador, el líder minero lamentó que no se haya cumplido la promesa presidencial de rescatar a los 63 mineros de Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores tras una explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006. El rescate fue encargado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

“Pasta de Conchos es una de las grandes deudas, no se ha podido hasta ahora pagar, y nos duele mucho porque para nosotros fue el detonador del conflicto entre el sindicato nacional y Grupo México, la responsable de esta negligencia criminal, que abandonó a los trabajadores al quinto día de tratar de rescatarlos sin saber si estaban aún con vida; yo acusé a la empresa de homicidio industrial, acusación que sigue impune, y que fue lo que los ofendió y desató la persecución”, dice.

A 18 años de la tragedia de Pasta de Conchos, tiempo en el que “muchos familiares han fallecido sin ver el resultado final”, Gómez Urrutia exculpa al presidente López Obrador de que no se haya cumplido la promesa de rescate, y responsabilizó “al grupo que él le encargó el seguimiento”, es decir, a la CFE. 

“Lo digo claramente: el grupo al que él le encargó el seguimiento quizá no supieron o no quisieron dar justamente la estrategia adecuada para rescatarlos y hacer justicia, o no quisieron o no pudieron por las razones que sean. No quiero juzgarlos, pero sí quedó eso pendiente y se tendrá que continuar.

“Creo que la empresa apostó a no rescatar los cuerpos porque en el momento que los rescaten, se presta a que hagamos todas las investigaciones porque nosotros sabemos que los dejaron morir, sino a todos, a muchos de ellos”, apunta Gómez Urrutia.

El dirigente sindical recuerda que quedan pendientes por resolver tres huelgas contra minas administradas por Grupo México, iniciadas desde el 30 de junio de 2007 en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas. “No ha habido autoridad que obligue a Grupo México a cumplir la ley, de respetar los contratos colectivos, los derechos de los trabajadores, pero no hemos bajado la guardia”. 

A unos meses de definirse la contienda electoral por la Presidencia y el Congreso de la Unión, Napoleón Gómez Urrutia reprocha a los aspirantes presidenciales no hacer mención expresa de la población trabajadora del país ni buscar encuentros con los sindicatos.

“Ahora hay más reuniones con los empresarios que con los trabajadores, es parte de las deudas que quedan con el movimiento sindical y con los trabajadores; está bien escuchar a los empresarios, pero escuchar a todos los grupos de la sociedad, tomando en cuenta que la clase trabajadora es la que genera la riqueza en este país, las máquinas no se mueven solas por mucha modernización o automatización, no se puede descuidar ese sector tan importante de esa sociedad”.

Advierte que, ante la persistencia de violaciones a los derechos de los trabajadores y el incumplimiento de las reformas legislativas, “urge que haya mayor voluntad política y compromiso para que haya justicia laboral, respeto a la libertad sindical y a la democracia. (Eso) lo tendrá que hacer el siguiente gobierno”. 

Insiste en que para que los avances legislativos sean una realidad es necesario un gobierno con “mucho mayor rigor y supervisión”.  

Información publicada en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/4/30/sigue-habiendo-corrupcion-acepta-gomez-urrutia-328129.html

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